Instituto Federal de Telecomunicaciones

MARIO GONZÁLEZ, CONDUCTOR: El IFT va a interponer una controversia constitucional en contra del decreto por el que se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

Esto se suma a otros amparos que ya han surgido de empresas y también de usuarios. Vamos a conversar de esto con Arturo Robles, Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Arturo, gracias por estar con nosotros.

ARTURO ROBLES, COMISIONADO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES: Buenos días Mario, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia.

MARIO GONZÁLEZ: ¿Por qué una controversia constitucional, Arturo?

ARTURO ROBLES: La controversia constitucional básicamente es para que garanticemos los derechos de acceso de todos los mexicanos a los servicios de telecomunicaciones.

¿Qué quiero decir con esto? La controversia, como ustedes saben, o como puede saber tu audiencia, es para defender las atribuciones que tiene cada una de las instituciones que conformamos el Estado mexicano.

En este caso, el mandato que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones es, por un lado, el correcto desarrollo del sector de telecomunicaciones y radiodifusión, pero siempre cumpliendo con el artículo seis y siete de la Constitución que dicen que, el Estado debe garantizar los derechos de acceso a los servicios de telecomunicaciones.

En este caso, la iniciativa de Ley para el Padrón considera o mandata que si a los dos años algún usuario no ha completado el registro se tiene que dar de baja esa línea y eso obviamente va en contra de lo que nos mandata la Constitución.

MARIO GONZÁLEZ: O sea, ¿es retroactivo eso también?

ARTURO ROBLES: Esto más que retroactivo es a partir de ahora tenemos dos años, o tienen los usuarios dos años para completar este registro...

MARIO GONZÁLEZ: Sí, pero no importa que yo lo haya comprado hace cinco años.

ARTURO ROBLES: Ah, no, exactamente.

MARIO GONZÁLEZ: O sea, sí me aplica retroactivamente, ¿verdad?

ARTURO ROBLES: Sí aplica, es como cuando hay que renovar unas placas, una credencial, aunque ya la hayas tenido, a menos que sea permanente, cada equis tiempo la tienes que renovar y si no la renuevas pues, la cancelan.

En este caso el padrón consideraba, o la ley considera, que si a los dos años no has completado el registro se tiene que desconectar y eso obviamente afectaría el mandato de conectar a todos.

MARIO GONZÁLEZ: Estoy conversando con Arturo Robles, Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre la controversia constitucional en contra del Padrón de Telefonía Móvil conocido como PANAUT.

MARIO GONZÁLEZ: Oye, además de esto, hay un problema de recursos, ¿no? Es inoperable prácticamente. Ustedes han dicho eso cuesta muchísimo dinero, para lo cual, no hay recursos.

ARTURO ROBLES: Efectivamente, otro de los puntos que también se contienen en esta controversia constitucional, que ya fue aprobada por el Pleno en unanimidad para que se apruebe, es que la ley dice que debemos hacerlo con presupuesto que ya tenemos, inclusive para este año, y eso además de que, no nos dan presupuesto adicional va a ser el padrón más grande del Estado, es decir más grande que el del INE, son 120 millones de líneas.

En caso de que esto, como vaya avanzando, pues obviamente eso lleva recursos muy amplios, cientos de millones de pesos, los cuales, en este momento no tenemos y, además la Constitución dice que tenemos autonomía presupuestal, es decir, nosotros planeamos para lo que vamos a hacer un año.

Si de un momento a otro nos ponen una atribución nueva como ésta, además de tal tamaño, pues nos quedamos sin recursos para hacer todo lo demás que tenemos que seguir cumpliendo con todos los mexicanos de cuidar que las telecomunicaciones se presten bien, que no suban los precios indiscriminadamente, que tengan buenos servicios, eso lo tendríamos que descuidar, para ahora dedicar esos recursos al Padrón, que además no tenemos; 40% se nos ha reducido el presupuesto desde el inicio de la administración, estos son más de 500 millones de pesos.

MARIO GONZÁLEZ: ¿Y por qué cuesta tanto? ¿Pues no es como una página de Excel y así, meterle los datos, ¿no? Es algo mucho más complejo, supongo.

ARTURO ROBLES: Es mucho más complejo, Mario, sería la base de datos de 120 millones de personas, las cuales, tendrían que contener nombre, dirección, una validación biométrica que esto es para evitar que alguien llegue con una identificación de Mario González y no sea Mario González y al validarlo con biométrico, con una huella dactilar, por ejemplo, pues ya el INE o alguna entidad podría validar que eres tú.

Pero más allá de eso son 120 millones de registros, los cuales, mínimos sólo los equipos son 700 millones de pesos aproximadamente, todo esto más el software que tienes que tener para resguardar esta información. Esta información muy importante que esté resguardada, que esté bien protegida y por eso cuesta tanto hacer un registro de este tamaño. Sería el registro más grande de México, más grande aún que el INE.

MARIO GONZÁLEZ: Bueno, esto se suma a ya lo hecho por el INAI también, ¿verdad?, que controversia, una acción de inconstitucionalidad contra el padrón, ellos básicamente por los datos personales.

ARTURO ROBLES: Exactamente, hay una diferencia que a veces es poco clara entre una acción de inconstitucionalidad y una controversia. La acción de inconstitucionalidad, que no podemos interponer en el IFT, porque no tenemos esas facultades, y que interpuso el INAI, es para que no se viole algún derecho en la Constitución o que no le den a alguien más una atribución que le corresponde, en este caso, el INAI, eso es lo que el INAI está metiendo para la parte de datos personales.

En nuestro caso, la controversia es cuando se nos invaden facultades, es decir, algo que se nos está manifestando va en contra de nuestras facultades, en este caso en contra de conectar a todos.

MARIO GONZÁLEZ: Sí, depende el actor, el tipo de instrumento que puede usar legal para protegerse. Ahora. Es Arturo Robles, Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

La pregunta de las preguntas, yo creo, sobre este tema, más allá de los costos que, ya vemos, no hay, no se asigna un presupuesto, lo cual es un gravísimo error, ¿cómo puedes pensar algo que no tienes calculado? Más allá de las atribuciones y de los datos personales, todos estos elementos importantes, sin duda, ¿un padrón de este tipo serviría, en todo caso, para lo que fue diseñado, para lo que fue legislado o ni siquiera alcanza para eso?

ARTURO ROBLES: Te comento, Mario, técnicamente un padrón es relacionar un número, un número de teléfono con una persona que lo registra. Esto sí se hace alrededor del mundo, en la Unión Europea, en Estados Unidos, seguramente gran parte de tu audiencia o los que han podido comprar un chip en otro lado del mundo les han pedido un pasaporte, les ha pedido alguna identificación.

Esto sí se hace, la diferencia en el de México es que el padrón, como viene la ley, considera que hay validaciones biométricas para saber que el que te la está presentando está; con eso lo que se puede obtener es un número, ahora, esta parte sí se puede lograr.

La otra parte, que es la que les corresponde a las autoridades de seguridad es comprobar que efectivamente al estar vinculado un hombre pues eso va a evitar que haya más delitos y eso es lo que está por comprobarse por las autoridades de seguridad.

MARIO GONZÁLEZ: Es la pregunta que le hice a los legisladores responsables de esta legislación que e incluso, perdón, también al Subsecretario de Seguridad que impulsaba esta ley ¿Qué pasa si yo, Mario González? Ya que usamos ese nombre de ejemplo, que me es están cercano, voy y compró 50 chips, 50 líneas telefónicas, no estoy incurriendo en ninguna ilegalidad porque las pongo a mi nombre, dormir identificación y son 50 líneas telefónicas para Mario González, ahí queda registrado en el padrón con los números y todo, bueno, me voy a mi pueblo en Tequix, Yucatán, llego y vendo a su vez porque tengo ese negocio de estar vendiendo, tampoco está comiendo ilegalidad ¿Qué pasa entonces? Me dicen, “no, pues tendrías que dar de baja y dar de alta a los nuevos usuarios”, lo cual, no va a pasar, estás de acuerdo, Arturo, eso es muy difícil que vaya a suceder, como si compráramos un vehículo, pues no, ni siquiera con los vehículos llega a pasar, imagínate con una línea telefónica de equipo, pues es imposible.

ARTURO ROBLES: Los responsables en este caso, y así es como está estipulado, inclusive ahora en vender y distribuir los propios chips, son los agentes autorizados por cada una de las empresas, es decir, las empresas telefónicas tienen tus propios distribuidores. En este caso, como mencionas, la reventa de estos chips no estaría, cobijada en lo que ya mandata la ley que tienen que ser distribuidores autorizados quienes distribuyan los chips.

Pero más allá de ello, Mario, imagínate que, por estos chips, por no estar completos, por no estar registrados se va a desconectar, entonces estas 50 personas se desconectarían, no estarían conectadas en algún momento y entonces este pueblo su puesto quedaría incomunicado.

Ese es uno de los temas también por los cuales la controversia se tiene que valorar y corresponderá a la Suprema Corte decidirlo. Es decir, ¿el tamaño de la medida es proporcional a lo que se quiere lograr, desconectar usuarios es la manera de evitar estos delitos, así se va a conseguir los resultados que están? Y sobre esa valoración es lo que se tiene que hacer.

Probablemente hay otros mecanismos para evitar los delitos sin tener que desconectar usuarios, que sería, pues prácticamente ponerse a decidir entre un derecho fundamental y otro.

MARIO GONZÁLEZ: Pues siempre habrá la manera de darle la vuelta a la ley y ese tipo de cosas, somos especialistas en eso los mexicanos. Está prohibido tener líneas telefónicas en los centros de reclusión y es donde surge la mayoría de las llamadas para extorsión y ese tipo de cosas, es decir, si aplicáramos la ley pues no tendríamos este problema desde los centros de reclusión, así de simple, pa’ qué hacer un padrón que va a afectar al usuario cuando hay elementos que pueden ser echados a andar y no son echados a andar. Vaya, es toda una polémica, pero es interesante conocer la parte técnica. Arturo, te agradezco mucho.

ARTURO ROBLES: Gracias a ti Mario. Gracias por la oportunidad y gracias por el espacio para comunicarle a los usuarios que estaremos atentos a defender sus derechos y a que no se desconecten.

MARIO GONZÁLEZ: Muy bien. Arturo Robles es Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

DARÍO CELIS, CONDUCTOR: Precisamente, para conversar sobre este tema saludo con mucho gusto a Adolfo Cuevas, él es el Comisionado Presidente de este Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Adolfo, me da gusto saludarte.

ADOLFO CUEVAS, COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES: Igualmente, gracias por la oportunidad de estar contigo y con tu auditorio.

DARÍO CELIS: ¿Por qué van a presentar este recurso de inconstitucionalidad?

ADOLFO CUEVAS: La controversia constitucional tiene como propósito defender las atribuciones ante una merma o afectación que pueda surgir por actos de otros poderes. En este caso vemos dos aspectos centrales.

Uno que tiene que ver con la afectación a nuestra autonomía presupuestaria y de gestión en el siguiente sentido. Nosotros tenemos un presupuesto ya autorizado de mil 510 millones que hemos, conforme a las normas que rigen a la hacienda, a los recursos de la hacienda pública, estructurado en diversas partidas para cumplir los propósitos del Instituto.

Sin embargo, el mandato del Congreso, al aprobar la creación del PANAUT en la Ley de Telecomunicaciones implica que, así lo dice expresamente, que implementemos el PANAUT con los recursos que ya tenemos.

¿Eso qué quiere decir? Que nos está imponiendo la minuta aprobada en el Senado cómo ejercer el presupuesto, no permitiéndonos al IFT estructurarlo, como ya lo habíamos hecho, como ya lo hicimos, de hecho.

Eso implicaría que no pudiésemos cumplir otros fines institucionales y, evidentemente, nos coloca en una situación de práctica e imposibilidad material, puesto que el costo del sistema entero del PANAUT es del orden de cientos de millones de pesos frente a un presupuesto del IFT de mil 510 millones.

El otro aspecto, Darío, para conocimiento de tu auditorio, tiene que ver con la afectación probable a derechos constitucionales de los usuarios en relación con las facultades del Instituto.

Tenemos el mandato de desarrollar los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión y precisa el artículo 28 constitucional que esto debe realizarse para garantizar los derechos que a los mexicanos dan los artículos 6 y 7 constitucionales donde está, precisamente, contenido el acceso a las telecomunicaciones.

De tal manera que nuestra facultad de desarrollar el sector telecom, brindando acceso a los mexicanos, como ha venido ocurriendo, puede verse comprometido con algunas medidas que están en la reforma que crea el PANAUT, por ejemplo, y centralmente hemos conversado los Comisionados, el tema de la desconexión obligada que tendríamos que hacer para aquellos que no se registren después de dos años, esto podría afectar, y te lo digo por el referente que ocurrió hace una década con el fallido RENAUT, en un registro similar, a decenas de millones de usuarios, y este tema nos preocupa, por eso interpusimos la controversia, para proteger esos derechos.

DARÍO CELIS: ¿Cuál sería la ruta crítica que seguiría ese recurso de inconstitucionalidad y qué posibilidades hay de que puedan obtener favorablemente una sentencia?

ADOLFO CUEVAS: Tendríamos que interponerlo hacia finales de este mes, en el plazo que prevé la norma, que es de 30 días hábiles, y de ahí evidentemente seguir el proceso ante la Corte para la resolución de la misma, que no podría anticipar los tiempos, suelen ser de varios meses.

Sin embargo, en el inter, nosotros evidentemente también pediremos la suspensión por lo comprometida que puede ser la situación, no sólo para el IFT, si no tenemos el recurso, pero tenemos que implementar el padrón estamos materialmente imposibilitados, pero a la vez, los actores del sector, los operadores de telecomunicaciones tendrían que hacer erogaciones para implementar lo que le corresponde y todo esto podría ser enormemente complejo si ellos desarrollan la parte que les toca del sistema, pero el IFT, no está listo por falta de recursos.

En ese sentido, pediremos la suspensión, esperemos contar con la comprensión para que la Corte valore y pondere entre estos derechos, los efectos de seguridad que nos interesan a todos, pero también los aspectos del derecho de acceso a las telecom que es, además, un medio, las telecomunicaciones, que hace posible el ejercicio de otros derechos, como lo vimos en la pandemia, el acceso a la información, a la salud, a educación, incluso, al trabajo, mucha actividad laboral se llevó a cabo en línea.

En ese orden de ideas, es que esperamos contar con la comprensión de las señoras y los señores ministros para que den una resolución que restablezca un equilibrio necesario en un tema tan delicado en este conflicto de derechos e intereses que nos conciernen a todos.

DARÍO CELIS: Finalmente ¿cuál sería el impacto para el usuario de las telecom el que el regulador, o sea ustedes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, distraiga recursos para la creación de un padrón?

ADOLFO CUEVAS: Si tuviésemos que el costear el padrón, que puede ser cercano a los 800, 900 millones de pesos, eso consumiría dos terceras partes de nuestro presupuesto, no teníamos siquiera para pagar la nómina de trabajadores, mucho menos para realizar a cabo cualquier otra acción.

Por ejemplo, tenemos licitaciones en curso para desarrollar el 5G en México, que es una tecnología promisoria que posibilitará nuevas oportunidades de desarrollo en muchos sectores, simplemente, no podríamos hacer nada, quedaríamos atados, por eso es que lo vemos como una defensa de nuestras atribuciones en materia presupuestaria y para conducir de forma apropiada y en equilibrio con otros derechos el tema del acceso a los servicios de telecomunicaciones.

DARÍO CELIS: Adolfo Cuevas, Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, te aprecio mucho estos minutos, muchas gracias por la entrevista.

ADOLFO CUEVAS: Al contrario, a ustedes por este espacio, muy amable.

DARÍO CELIS: Hasta pronto.

ÓSCAR MARIO BETETA, CONDUCTOR: Bueno, me da mucho gusto hablar y saludar al doctor Arturo Robles, quien es Comisionado del Instituto Federal de telecomunicaciones. Señor comisionado, gracias, buen día.

ARTURO ROBLES, COMISIONADO IFT: Buenos días, Óscar Mario, un placer saludarte a ti y a tu auditorio.

ÓSCAR MARIO BETETA: Igualmente. Bueno, el IFT ha decidido interponer una controversia constitucional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. ¿Sobre qué razonamientos? Grosso modo, porque tenemos pocos minutitos, Comisionado, y muchas gracias por su tiempo, ¿pero sobre qué razonamientos asume esta determinación?

ARTURO ROBLES: Gracias, Óscar Mario. Básicamente la controversia es para defender y garantizar el derecho de acceso que tienen todos los mexicanos y que tiene que ser garantizado por el Estado.

¿Qué significa esto? Significa que la ley relativa a este padrón, conocido comúnmente como el PANAUT, establece que, si al término de dos años no se ha completado el registro de una línea, ésta se tiene que desconectar, y esto podría tener un impacto claro en lo que nos mandata la constitución de llevar las telecomunicaciones de forma eficiente y asegurar que todos tengan acceso a los servicios.

Por otro lado, también tenemos la parte presupuestal, sería un padrón, el más grande de México, 120 millones de líneas, más grande que el del INE, y la misma ley dice que lo tenemos que hacer con el presupuesto actual, esto también viola lo que mandata la Constitución en cuanto a autonomía presupuestal, es decir, nosotros tenemos que planificar nuestro presupuesto, solicitarlo, nos lo aprueban y está en función de las labores y tareas que nos mandata la Constitución que debemos de realizar cada año. Si de un momento a otro nos dan una nueva atribución, una tan grande como un padrón de 120 millones de líneas, pues esto afecta obviamente el presupuesto y ya no podríamos atender todo lo que tenemos. Por eso básicamente se está interponiendo esta controversia constitucional.

ÓSCAR MARIO BETETA: Oiga, ¿y cuál sería la clave, señor comisionado, para lograr digamos, seguridad para los usuarios? En cuanto privacidad, y, pues evitar que mal utilicen su teléfono, si es robado, como tantas veces sucede, y por otro, por otro lado, que las autoridades federales tengan un padrón que no vaya más allá de la violación de estos derechos, ¿hay algún equilibrio que se pueda dar, que se puede lograr para pues beneficiar al usuario y dar seguridad también a los dueños de los teléfonos móviles, pero también que las autoridades tengan un banco de datos, pues mucho mejor y mayor, y que no pueda ser mal utilizado?

ARTURO ROBLES: Justo es una excelente pregunta y es el meollo del asunto, Mario, ¿cuál es el mejor recurso que se tiene? Y alrededor del mundo ha habido este tipo de registros, técnicamente un registro es relacionar un número de teléfono con una persona, eso es lo que ocurre alrededor del mundo y eso está en todos los países donde los que han tenido oportunidad ir a otro lado les piden un pasaporte para comprar un chip, les piden la tarjeta de identificación.

En el caso de México, también se prevé que haya una validación biométrica, es decir, saber que, si Arturo Robles se presenta con una identificación y pone, por ejemplo, un dato biométrico, que es la huella, que efectivamente, esa huella es de esta persona para que no haya robos de identidad.

Pero más allá de eso, lo que prevé la ley es que haya unos lineamientos en los cuales, que tiene que desarrollar el IFT, en los cuales se prevea cómo se van a resguardar, cómo se van a solicitar estos datos, todos los datos, y cómo debe ser esta línea de resguardo para que siempre estén seguros.

En esto, el Instituto será muy consciente de todas las preocupaciones legítimas que tiene las asociaciones civiles, los usuarios, para que no haya forma de que estos datos puedan filtrarse ni utilizarse de otra forma, salvo para hacer esto que te mencionaba: la relación de un número de teléfono con una persona, tal cual como lo tiene ahora todos los usuarios que tienen pospago, esto no lo tienen los de prepago, pero sí todos los de pospago sabes a nombre de quien está registrado.

En este caso específico, lo que se busca es que esto tenga un resguardo y para eso obviamente se requiere presupuesto, y mientras, no haya una decisión de la Corte para que esto no avance, nosotros seguiremos trabajando y lo podremos a consulta pública estos lineamientos para que la ciudadanía esté segura de lo que se va a pedir, cómo se va a pedir, y cómo debería o dónde se debería de fijar cada una de las personas en hacerlo, para estos lineamientos que sean garantistas y que no violen estos derechos.

ÓSCAR MARIO BETETA: Tenemos dos minutitos, ya estamos al final, y me gustaría retomar el tema con usted la próxima semana, si lo acepta, señor Comisionado, pero a ver, a manera de resumen, hablamos con el señor Subsecretario de Seguridad Nacional, que es al parecer el autor de esta iniciativa, a manera de resumen, repito, dentro de este padrón de datos biométricos, sería huellas dactilares y, sí, pero rostro e iris no, porque entonces podría conducir a una especie de Big Brother por parte del Estado.

ARTURO ROBLES: Esto todavía está determinado como lo dice la propia ley, el Instituto es quien va a decidir cuáles…

ÓSCAR MARIO BETETA: Pero sería, perdón, para evitar lo de Big Brother sería ni rostro ni iris, si quieres huellas dactilares va porque esto sí, pues se sabe quién compra el chip o la tarjeta, lo que sea, pero no te vayas al extremo del rostro y de iris.

ARTURO ROBLES: Esto vendría en los lineamientos, todavía no están…

ÓSCAR MARIO BETETA: No, ¿pero usted estaría de acuerdo con eso? Usted.

ARTURO ROBLES: Ah, bueno, una opinión personal, y obviamente no estamos buscando esa parte, creo que podría ser suficiente con una validación dactilar, creo que podría ser suficiente, e insisto, esta es una decisión que se tiene que tomar en el Pleno, en el Instituto, y ahí, pero creemos que existe la tecnología, como ya se hace, para que una huella dactilar podría ser válida.

ÓSCAR MARIO BETETA: Pero digamos, perdón que insista, aceptable hasta huellas dactilares, ¿ni rostro ni iris, señor Comisionado?

ARTURO ROBLES: Sí, lo que está presentando, la tecnología permite hacerlo, bastaría con una huella dactilar.

ÓSCAR MARIO BETETA: Bien, señor Comisionado, pues si tiene tiempo cuando nos diga, será muy interesante retomar este tema. Yo agradezco mucho al doctor Arturo Robles Robalo, Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, su disposición para con este espacio, gracias, Comisionado.

ADRIANA PÉREZ CAÑEDO, CONDUCTORA: Sostenes Díaz González, Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, buenas tardes.

SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ, COMISIONADO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES: Buenas tardes, Adriana, un gusto saludarte.

ADRIANA PÉREZ CAÑEDO: Igualmente, comentaba con el auditorio que teníamos semanas esperando alguna respuesta por parte del IFT a la controversia constitucional, perdón, por el decreto por el que se creó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y ustedes entonces interponen una controversia constitucional. Por favor, Sóstenes, ¿nos quieres decir por qué?

SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Sí, con todo gusto. Como recordarás, el pasado 16 abril 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación unas modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, específicamente tiene el propósito de crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que ahora se conoce como PANAUT, el cual deberá estar a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

De la revisión que se llevó internamente en el Instituto se determinó el día de ayer y se aprobó de esta manera por unanimidad en el Pleno, que se debía promover una controversia constitucional.

Esta controversia se promueve principalmente por dos motivos. El primero de ellos es porque se considera que este decreto contiene elementos que se contraponen al mandato constitucional del IFT, esto es de garantizar los derechos a que se adquieren en los artículos sexto y séptimo constitucionales.

Como recordaremos, los servicios de telecomunicaciones se consideran servicios públicos de interés general y esa es la obligación del Instituto, garantizar su prestación de los mismos.

Entonces, para darte un ejemplo, en esta reforma a la ley viene un artículo cuarto, un artículo cuarto transitorio donde dispone que será el Instituto quien solicite a los operadores la cancelación en forma inmediata de aquellas líneas de telefonía móvil que no hayan sido identificadas o registradas por los usuarios.

ADRIANA PÉREZ CAÑEDO: Y no piensan hacerlo, ni tampoco disponer del dinero que tienen de su presupuesto. Aunque en la Cámara de Diputados hablaba del ejercicio fiscal de este año, pero o sea primero que nada es el tema constitucional.

SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Así es, nosotros tenemos que cumplir con la ley, por eso es que nosotros estamos promoviendo la controversia constitucional. Si la Corte nos da la razón seguiremos por el camino que creemos que es correcto, pero sino, de todos modos, tenemos que darle cumplimiento a la ley. Lo que nosotros creemos es que es una contradicción el que se nos obligue a nosotros a desconectar los usuarios, cuando nuestra obligación constitucional es garantizar el derecho de acceso de los usuarios a los servicios de telecomunicaciones.

Y sí, el otro punto que mencionas es correcto, nosotros tenemos un presupuesto que fue aprobado para este año que contempla solamente las actividades que fueron remitidas por el Instituto a la Cámara de Diputados, al Congreso, donde no estaba la creación de este registro y donde no tenemos dinero para llevarlo a cabo.

El Instituto ya tiene un recorte en términos reales del presupuesto de aproximadamente 40% en relación a los primeros presupuestos de cuando se creó, entonces ya estamos bastante recortados y efectivamente no tenemos el dinero para llevar a cabo este registro.

ADRIANA PÉREZ CAÑEDO: Porque decían que, con cargo a su presupuesto, o sea a veces es que es una controversia constitucional tras otra en uno y en otro, y en otro tema que se me hace una perdedera de tiempo, porque esto si los legisladores hicieran bien su trabajo pues no estaríamos hablando de esto ahorita, porque o son tan ignorantes o no les importa la violación de la Constitución.

Esta controversia constitucional que ustedes han presentado de todo el Pleno del IFT contra las disposiciones de este decreto de crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, pues lo más seguro es que prospere, que ustedes tengan razón, por lo que nos estás exponiendo, porque están basándose ustedes en la Constitución, no en decisiones tomadas en Palacio Nacional. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que sepamos, una vez que han presentado, que han interpuesto esta controversia?

SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Bien, ahorita lo que sucedió es que el área jurídica del Instituto está trabajando la controversia, lo que se aprobó el día de ayer fue la presentación, se tendrá que presentar en los plazos que tenemos para ello. Una vez que se presente tenemos que ver, esperar que la Corte la admita y esperamos que nos den la suspensión y después que se resuelva el fondo del asunto, entonces tendremos que esperar los tiempos de la Corte.

ADRIANA PÉREZ CAÑEDO: Sí, claro, y toma tiempo porque tienen mucho trabajo, gracias a tantas controversias constitucionales que diversos actores han tenido que interponer. Esto significaría, si ganamos, dijo ganamos, porque el IFT es un organismo autónomo, si ganamos en esta controversia constitucional, ¿ganamos los mexicanos, pero también ganamos los usuarios de telefonía móvil?

SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Sí, claro, porque en principio se evitaría la desconexión y si en el agregado se dice que no es procedente el registro, no tendríamos que llevar a cabo ningún registro de las líneas telefónicas de prepago.

ADRIANA PÉREZ CAÑEDO: Nada más una última pregunta, a menos que quieras agregar algo, Comisionado del Ifetel, Sóstenes Díaz González, ¿por qué se tardaron tanto en presentar la controversia? Esperábamos escuchar algo de parte de ustedes.

SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Estábamos haciendo el análisis detallado de lo que se publicó, y la controversia se está presentando dentro de los tiempos, entonces, no porque se presente al día siguiente mejor, entonces nosotros lo hemos analizado detalladamente, porque tenemos que comprobar y demostrar que se están invadiendo nuestras facultades, entonces después del análisis es lo que hemos concluido, que las facultades del Instituto se están invadiendo y por lo tanto procede presentar la controversia constitucional.

ADRIANA PÉREZ CAÑEDO: Bien, bueno, decía por último en este tema, pero hay otro asunto importante por favor, Sóstenes, otro tema de la Suprema Corte de Justicia también, que confirmó la decisión de un juez federal de dejar en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, o sea de ustedes, la facultad de fijar lineamientos a las empresas de radio y televisión para que se protejan los derechos de las audiencias, ¿qué nos puedes decir al respecto, Sóstenes?

SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Sí, efectivamente, también ayer la Suprema Corte otorgó un amparo para que regresen al Instituto las facultades para determinar los derechos de las audiencias, ahorita lo que procede es que el Congreso modifique la ley en ese sentido, y una vez que se modifique el Instituto, el pleno tendrá que trabajar en el proyecto para emitir esos lineamientos de derechos de las audiencias.

ADRIANA PÉREZ CAÑEDO: O sea, ustedes tienen facultades para imponer a los concesionarios de radio y televisión lineamientos que protejan los derechos de las audiencias, ¿piensan ejercer esas facultades?

SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Se tendría que modificar, entiendo que tiene que haber una modificación a la ley primero por parte del Congreso, tiene que ir ese asunto tiene que ir al Congreso, y una vez que se modifique la ley entonces ya estaría en manos del Instituto emitir esos lineamientos.

ADRIANA PÉREZ CAÑEDO: Sí, o sea, el Congreso debiera derogar este artículo.

SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Sí, y después ya el Instituto tendría que emitir los lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias.

ADRIANA PÉREZ CAÑEDO: Porque así venía siendo en muchos años, cada medio crea su propio código de ética, sin que tengan que ser revisados por ninguna autoridad, es correcto.

SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Así es.

ADRIANA PÉREZ CAÑEDO: Y entonces con este tema en la Suprema Corte de Justicia se invertiría el papel, tendría que ser impuesto el código de ética y revisado por alguna autoridad, o sea por ustedes.

SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Lo que nosotros emitiríamos son lineamientos, es decir, directrices generales para este tipo de temas, inclusive ya se habían emitido en alguna ocasión, en este caso tendríamos que mirar si ese tipo de lineamientos sigue vigente o se tiene que emitir otro tipo.

ADRIANA PÉREZ CAÑEDO: O sea que más trabajo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿y tú qué opinas, Sóstenes Díaz, de este tema, como Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones?

SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Mira, como es un tema que eventualmente tengo que votar no me puedo pronunciar al respecto, estoy impedido por ley.

ADRIANA PÉREZ CAÑEDO: Y entonces no puedes agregar algo más al respecto, como comprenderán, todos los medios de comunicación estamos inquietos por esta decisión de la Suprema Corte, lo que vaya a hacer la Cámara de Diputados y lo que vaya a hacer el IFT también.

SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Lo que nosotros tratamos de hacer son siempre lineamientos en términos muy generales y tratar de ser lo menos intrusivos posible, entonces eso es lo que entiendo que se buscará en su momento, pero por el momento no me podría pronunciar con más detalle.

ADRIANA PÉREZ CAÑEDO: Pues sí, ya lo entiendo, te puedo insistir toda la tarde, pero me vas a seguir respondiendo lo mismo. O sea, esperemos, primero se le ordena al Congreso que derogue ese artículo que otorgaba a los medios la facultad de crear los propios códigos de ética sin que fueran revisados por ninguna autoridad, esperemos entonces qué hace primero el Congreso.

SÓSTENES DÍAZ GONZÁLEZ: Sí, tendríamos que esperar primero que nos notifiquen oficialmente la sentencia, revisar esta sentencia, ver lo que tiene que hacer el Congreso, y finalmente ver lo que tenemos que hacer nosotros, Adriana.

ADRIANA PÉREZ CAÑEDO: Bueno, Sóstenes Díaz, muchísimas gracias por la entrevista, Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, como siempre muchas gracias. 

CARLOS LORET DE MOLA, CONDUCTOR: Fíjese que el Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó presentar una controversia constitucional en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, ese escándalo que se volvió cuando te van a pedir la huella digital, el registro de voz, el iris en los ojos, esto que está impulsando el gobierno del Presidente López Obrador, que el propio López Obrador ha defendido, que muchos organismos dicen: es un espionaje, esto sólo lo hacen países como Venezuela, Rusia, puros países que no tienen democracia, no debemos permitirlo en México, López Obrador lo impulsa, y entonces el Instituto Federal de Telecomunicaciones se ampara y promueve una controversia constitucional.

Por cierto, salvo creo que el Presidente y su partido, nadie más está de acuerdo en este asunto, no está de acuerdo, déjese la oposición, no están de acuerdo las compañías telefónicas, los usuarios, etcétera.

Adolfo Cuevas Teja es el Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT. Gracias por tomarnos la llamada, muy buenas tardes.

ADOLFO CUEVAS TEJA, PRESIDENTE IFT: Al contrario, buenas tardes, gracias por esta oportunidad.

CARLOS LORET DE MOLA: ¿Por qué tomaron la decisión de presentar esta controversia constitucional?

ADOLFO CUEVAS TEJA: En el sentido de lo que implica una controversia, porque vemos una afectación a nuestras atribuciones en dos sentidos principales: el primero a la autonomía que tenemos para fijar nuestro presupuesto y gasto, hemos definido ya, de acuerdo a las normas que rigen a toda la administración pública, un presupuesto de mil 510 millones, nos fue autorizado así por el Congreso, en ciertas partidas y para los fines propios de la institución.

El mandato del Congreso en la Reforma que crea el PANAUT es que sufraguemos el PANAUT con recursos propios que no tenemos, porque tendríamos que distraerlos, e incluso, Carlos, no serían suficientes. El costo del PANAUT lo hemos estimado en el orden de cientos de millones de pesos, no tendríamos simplemente dinero para hacerlo.

CARLOS LORET DE MOLA: ¿En el fondo están ustedes de acuerdo con el padrón? Lo digo un poco en el contexto de lo que mencionaba hace un rato, es un padrón que tienen fundamentalmente por los países dictatoriales y autocráticos, ¿qué hacemos nosotros con un padrón así?

ADOLFO CUEVAS TEJA: El segundo tema que vemos, Carlos, justamente en la controversia, tiene que ver con lo que menciona usted, se trata de que nosotros debemos cumplir el desarrollar el sector de telecomunicaciones, donde está la telefonía móvil, garantizando, dice la Constitución, los derechos que tenemos todos los mexicanos en los artículos 6 y 7, destacadamente el acceso a servicios de telecomunicaciones, y esto también lo estaremos impugnando, porque observamos que algunas medidas del PANAUT, podrían implicar limitar el acceso de los mexicanos a las telecomunicaciones, por ejemplo en el caso ya muy comentado de la obligada desconexión tras dos años para aquellos que no se registren.

Esto podría afectar, lo digo por la experiencia hace una década del fallido RENAUT, registro similar, podría afectar, digo, a decenas de millones de usuarios. Y por eso, por esta afectación a derechos de los mexicanos, en el ejercicio de nuestras facultades de velar por ellos, y por el tema presupuestal, es que hemos decidido por unanimidad interponer la controversia.

CARLOS LORET DE MOLA: ¿Siguen sin asignarles la partida presupuestal para hacer el padrón? O sea, no más les encargaron la tarea.

ADOLFO CUEVAS TEJA: No, lo hemos solicitado ya, lo advertimos al Senado y lo hemos solicitado ya a la Secretaría de Hacienda, entendemos que es un sistema complejo, no sería justo de mi parte decir que tendrían que haberlo resuelto ya, pero justamente por la carencia de recursos se nos que nos obligaría a utilizar el presupuesto para ese fin, incluso con el riesgo de no pagar siquiera a nuestros empleados, es que nosotros decidimos interponer la controversia.

Evidentemente seguiremos haciendo la gestión ante Hacienda y eventualmente ante diputados para el presupuesto del próximo año, pero no hay recursos, son 800, 900 millones de pesos que no tenemos, de hecho, hemos perdido presupuesto en los tres años del presente sexenio, teníamos más de dos mil a terminar el sexenio anterior, ahorita ya estamos en mil 500, y en ese sentido, nos sería materialmente imposible realizar el PANAUT.

CARLOS LORET DE MOLA: ¿Nació muerto este padrón?

ALBERTO CUEVAS TEJA: El padrón nació con graves complejidades porque supone una disputa entre derechos, entre el derecho de acceso a las telecomunicaciones, que para el IFT es central, y derechos relativos al tema muy relevante de seguridad pública.

Lo que buscamos es que las ministras y los ministros puedan tomar una determinación que balanceé en un justo y debido equilibrio, estos derechos. Estimamos que no puede ser a un grado de afectar el acceso a las telecomunicaciones, porque no es solamente, Carlos, el derecho de comunicarnos, es un derecho que sostiene otra estructura de derechos más compleja, como lo vimos en la pandemia, derechos a la información, a la expresión, a la salud, por ejemplo, el registro de vacunas, es por internet.

También en temas de trabajo, empleo, de una actividad económica a través de las telecomunicaciones. Nos parecería muy delicado que estuvieran en riesgo decenas de millones de usuarios por una desconexión forzosa y ciega a que estaríamos obligados, y por eso queremos que las ministras los ministros puedan revisar eso.

CARLOS LORET DE MOLA: ¿No temen que el Presidente les diga que están sometidos ustedes a los intereses de las grandes telefónicas y que están de rodillas ante los empresarios dueños de las compañías telefónicas, etcétera?

ALBERTO CUEVAS TEJA: No, Carlos, mire, los Comisionados hemos hablado al respecto de estos temas, y siempre por nuestra vocación y formación como órgano técnico, nos mantenemos ajenos a una disputa de carácter político, menos aún si lleva temas de descalificación a instituciones como lo es el IFT.

Nosotros seguimos haciendo nuestra labor técnica como la entendemos, en la buena fe y con el mandato que nos fue conferido de velar por esos derechos de acceso a las telecomunicaciones para los mexicanos, sin menoscabar la labor de otras autoridades.

Tienen un punto, temas de seguridad pública, nosotros creemos que requiere un balance apropiado que sólo la Suprema Corte puede dar, y por eso acudimos como una decisión técnica, de ninguna manera con una intención política.

CARLOS LORET DE MOLA: ¿Qué respuesta esperan de la Suprema Corte?

ALBERTO CUEVAS TEJA: Confiamos que ellos establezcan, restablezcan un adecuado balance de equilibrio entre los derechos implicados, y que confiamos, puedan ver el punto nuestro de que no se afecte el derecho de acceso a las telecomunicaciones de los mexicanos, más de 120 millones de líneas móviles en México, de los cuales, Carlos, más de 100 millones son de prepago, es decir, de tarjeta o recarga.

Estas recargas al mes no superan los 100 pesos en promedio, no creamos que la telefonía móvil es un servicio de lujo, claro que no lo es, y la inmensa mayoría de los mexicanos que no tienen son personas en situación vulnerable que podrían verse terriblemente afectadas en caso de una cancelación.

CARLOS LORET DE MOLA: Si, uno piensa, a ver, el usuario de telefonía ese que trae el último iPhone y está aquí pidiendo su Uber, no.

ALBERTO CUEVAS TEJA: No, en absoluto, no más de 100 pesos al mes es el promedio de las recargas en tarjeta de esos usuarios. Ellos lo usan, ¿para qué? Pues para laborar, una comunicación limitada, algún tipo de servicio, inclusive otros servicios, es decir, desestructuraríamos toda la construcción que hemos hecho, que a través de las telecomunicaciones hemos logrado que sea un núcleo de goce, de bienestar para los mexicanos, ese es el riesgo que tenemos, por eso estamos pidiendo a las y los ministros que puedan revisar este tema, interpondremos la controversia en próximos días.

CARLOS LORET DE MOLA: Muchas gracias, Adolfo Cuevas Teja, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, gracias y buenas tardes.

ALBERTO CUEVAS TEJA: A ustedes por el espacio al IFT

CARLOS LORET DE MOLA: Hasta luego.

Entrevista del Comisionado Sóstenes Díaz a Radio Fórmula. Tema: Controversia constitucional.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA, CONDUCTOR: Gracias, gracias Laura Pérez Cisneros, y le aprecio mucho, le decía al Comisionado Sóstenes Díaz, Comisionado del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, porque el 16 de abril se publicó en el Diario Oficial el decreto presidencial para el registro, que haga el registro de los titulares de teléfonos celulares, pero que lo haga el Ifetel, y dice el Ifetel "No puede intervenir la Cámara de Diputados, no puede intervenir en el Legislativo en lo que debe hacer o no un Instituto Autónomo. Y segundo, no está previsto en el presupuesto para hacerlo".

Sóstenes, muchas gracias Comisionado, buenas tardes.

SÓSTENES DÍAZ, COMISIONADO IFT: Buenas tardes Joaquín, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: Gracias. A ver, este registro que está muy discutido, incluso, hay amparos que se han interpuesto, lo responsabilizó el Ejecutivo a través del Legislativo para que lo hiciera el Instituto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿es correcto?

SÓSTENES DÍAZ: Sí, es correcto, como bien mencionabas el 16 de abril se publicó en el Diario Oficial una modificación a la ley para que se cree este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía, el PANAUT, el cual quedó a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

De esta publicación, el Instituto estuvo llevando a cabo análisis de esta modificación a la ley y el día de ayer se aprobó en el Pleno del Instituto por unanimidad, autorizar que se promueva una controversia constitucional y esta controversia, es básicamente por dos motivos.

Primero, estamos considerando que este decreto contiene elementos que se contraponen al mandato del IFT, que esto es garantizar los derechos a que se refieren los artículos sexto y séptimo constitucionales, es decir, como sabrás, las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, el Instituto está encargado de garantizar su provisión y, para darte un ejemplo, hay un artículo cuarto transitorio, en donde se señala que "El Instituto deberá solicitar a los operadores la cancelación de forma inmediata de aquellas líneas de telefonía que no hayan sido identificadas o registradas por los usuarios".

Entonces, nosotros consideramos que esto es una contradicción misma con nuestro mandato constitucional, ya que, por un lado tenemos la obligación constitucional de garantizar el derecho fundamental de acceder a los servicios de telecomunicaciones, y por otro lado se nos obliga a ordenar la desconexión, entonces, en este sentido, estamos considerando que están invadiendo las facultades del Instituto.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: A ver, ¿A ustedes les avisaron o les consultaron que iba a publicar este decreto el día 16? Porque afecta directamente al Instituto, es parte interesada.

SÓSTENES DÍAZ: Nosotros formamos, se enviaron opiniones a través del proceso legislativo, se participó en los parlamentos abiertos que se organizaron tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, algunos argumentos se tomaron en cuenta, algunos otros no, pero independientemente del proceso que se llevó a cabo a través de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, el Instituto tiene plenas facultades para promover una controversia constitucional en el caso de que así lo considere.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: Ahora, en el tema de presupuesto, me entero que no tienen el presupuesto, porque no fue aprobado un presupuesto en la Cámara de Diputados, en el presupuesto 2021, no viene considerado este presupuesto para este padrón ¿es correcto o no?

SÓSTENES DÍAZ: Es correcto, el Instituto recibió un presupuesto de aproximadamente mil 500 millones de pesos.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: ¿Cuánto? ¿Cuánto recibió?

SÓSTENES DÍAZ: Mil 500 millones de pesos, aproximadamente, pero ese presupuesto fue calculado con base en las necesidades actuales del Instituto, sin considerar un padrón y ahora, en esta modificación a la ley, se señala que el Instituto deberá crear este padrón con cargo al presupuesto que tiene, lo cual, este pues, no estaba considerado y compromete las funciones del Instituto, entonces, también es una de las razones por las cuales se está controvirtiendo esta modificación a la ley.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: Y tienen, Comisionado, Sóstenes Díaz, ¿Tienen algún, alguna opinión en lo personal, si lo puede emitir comisionado o no, si no me dice, sobre la creación de este Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil?

SÓSTENES DÍAZ: Se señaló durante el proceso legislativo, que ya se había hecho un intento en el pasado, el cual no funcionó, se señalaron ventajas y desventajas, este tipo de patrones es complicado de implementar, se ha tratado en distintos países y organizaciones como la GCMA, señalan que al final del día no permite resolver el problema, es decir, hay muchas maneras de darle la vuelta a este tipo de registros y el problema, al final, que trata de resolver, es muy probable que no se resuelva.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: Sí, ¿Cuál sería el costo de integrar este padrón? Y luego tenerlo actualizado ¿no? Porque son dos tiempos.

SÓSTENES DÍAZ: Sí, se está trabajando actualmente en emitir las disposiciones como nos mandató la ley, se tendría que tener el detalle de las mismas, pero en estimaciones preliminares se han tenido cálculos entre 700 millones y mil millones de pesos, esto porque se tiene que tener estrictas medidas de ciberseguridad para que se pueda garantizar la integridad de la información y no pueda haber hackeos de esta base de datos. Pero un cálculo final, se tendría que esperar hasta que se emitan estas disposiciones por parte del Instituto.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: Pero ¿Cómo cuánto estaríamos hablando este año para construir el padrón?

SÓSTENES DÍAZ: Aproximadamente, una estimación preliminar era 700 millones de pesos, en un cálculo preliminar que teníamos.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: Ahora, ¿No iban a ser las empresas celulares las que iban a recolectar esos datos o se cambió esto?

SÓSTENES DÍAZ: No, ellos tendrían la obligación de un recolectar los datos, solamente te estoy hablando de lo que le costaría al Instituto, todavía faltaría incluir lo que les costaría a las empresas llevar a cabo las modificaciones en sus procesos de venta, para poder recabar esa información.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: Bueno, ahí tienen Sóstenes, el Comisionado Sóstenes Díaz, muy bien los datos. ¿Cuántos millones de líneas de teléfono celular hay en México?

SÓSTENES DÍAZ: 120 millones de líneas aproximadamente, de las cuales el 80% son de prepago, que es donde se ha identificado este problema de que se utilizan los números para delinquir.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: Pues sería casi cercano por una diferencia de 10% al padrón electoral ¿no? Un padrón de 80 millones de usuarios de telefonía, porque me explicaba a mí también luego, que sería sólo para el prepago, no para los planes ¿Es correcto?

SÓSTENES DÍAZ: Es correcto, sería inclusive más grande que el padrón electoral, la base de datos del INE.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: ¿Es cierto que es exclusivamente para prepago?

SÓSTENES DÍAZ: No, en la ley está definido que es para ambos tipos de modalidad, pero el problema sería recabar la información en el caso de los servicios de prepago, en el caso de los servicios de post pago, solamente las empresas tienen identificados muy bien a los usuarios.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: O sea, sólo para el prepago.

SÓSTENES DÍAZ: Sólo para el prepago sería el tema de recabar la información, en el registro tendrían que estar prepago y pospago, como lo marca la ley, pero, pero normalmente las empresas de telecomunicaciones, cuando uno contrata un plan, pues deja uno el nombre, la tarjeta de crédito y es fácil ubicar al cliente.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: Bien, Sóstenes, pues gracias, porque entonces sí sería mucho mayor que el padrón electoral, ¿sí? Que está de cerca de 90 millones, estamos hablando aquí 120 millones de líneas, 120 millones en el PANAUT.

SÓSTENES DÍAZ: Es correcto.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: Bien, pues... ¿Y tienen ya idea de cuándo presentan este recurso?

SÓSTENES DÍAZ: Tenemos hasta el 28 de este mes para presentarlo, se está trabajando en el mismo.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: Bueno, pues un saludo Sóstenes, muchas gracias, buenas tardes.

SÓSTENES DÍAZ: A ti Joaquín, hasta luego.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: Es el Comisionado del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, Sóstenes Díaz. Dice que no está en condiciones ese Instituto, de levantar el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil, que les costaría, que estaría integrado por 120 millones de personas, 120 millones de líneas, pues, y el punto es que dice, que tampoco tienen los 700 millones de pesos que calculan que este año necesitarían para levantar ese padrón.

Su presupuesto, aprobado por la Cámara de Diputados para este año de mil 500 millones de pesos, estamos hablando de casi la mitad para el padrón y dicen que no, por eso van a recurrir con esta controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Voy a unos anuncios y después de los anuncios.

JAIME NÚÑEZ, CONDUCTOR: Y vamos a detenernos en lo que hoy decidió el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, aprobó este miércoles presentar una controversia constitucional en contra de este, pues muy polémico Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

En la línea telefónica me da mucho gusto poder recibir esta tarde, para que nos platique, qué significa esta decisión y qué viene acompañada de esta decisión, al Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Javier Juárez Mojica. Comisionado, qué gusto saludarle, muy buenas tardes.

JAVIER JUÁREZ MOJICA, COMISIONADO DEL IFT: Buenas tardes Jaime, un saludo a ti y a todo el auditorio, gracias por el espacio.

JAIME NÚÑEZ: ¿Cómo llega a esta, a esta decisión el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones? Sobre este, muy polémico Padrón de Usuarios de la Telefonía Móvil.

JAVIER JUÁREZ MOJICA: Pues como ya bien lo señalabas Jaime, el pasado 16 de abril se publicaron estas reformas a la ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuyo fondo es precisamente crear este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

El día de hoy, en la sesión del pleno que terminamos hace apenas algunas horas, lo que resolvimos por unanimidad, Jaime, es que el Comisionado Presidente del IFT, que como tú sabes actualmente lo ejerce el Comisionado Adolfo Cuevas, pueda presentar una controversia constitucional contra este, contra estas reformas a la ley.

Eso es lo que ocurrió el día de hoy en el Pleno y básicamente, lo que consideramos, tal como se da cuenta en el boletín, Jaime, es que consideramos que hay una afectación a las atribuciones que constitucionalmente se le otorgaron al IFT, esto es el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión, cumpliendo con otros preceptos, precisamente constitucionales, concretamente me referiría al seis y séptimo, que definen que las telecomunicaciones y la radiodifusión, pues son servicios públicos de interés general.

Aquí, en esta reforma, de hecho, se establece en alguno de los transitorios, que posiblemente a los usuarios que no llegaran a registrarse, habría que desconectarlos. Entonces, consideramos que esto, y además la parte presupuestal, Jaime, porque expresamente se dice que no tendremos recurso adicional para esto, pues vulneran la autonomía que nos otorgó la Constitución.

En el caso del presupuesto, por ejemplo, este constituye un ejercicio de planeación que se hace desde varios meses del año pasado, para presentarlo a la Cámara de Diputados, ya está autorizado en esos términos y ahora, a través de un dispositivo transitorio se nos está diciendo que creemos y demos vida con esos recursos, a este, a este padrón. Entonces, en términos generales, es esta parte de invasión a las facultades constitucionales que tiene el IFT.

JAIME NÚÑEZ: En pocas palabras, el IFT no fue creado para esto, ¿Ese es un poco el espíritu de esta controversia?

JAVIER JUÁREZ MOJICA: Las controversias, Jaime, se presentan cuando hay invasión a las facultades que nos otorgó la Constitución. Cuando se disminuyen, se invaden, se duplican y entonces, aquí lo que estamos viendo, a raíz del análisis que hacemos de esta reforma legal, es que efectivamente estaría yendo en contra de esas facultades originalmente otorgadas al IFT en la Constitución.

Cosa que, no puede ocurrir a través de una ley secundaria, pues, la máxima disposición, la máxima norma que tenemos en México es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y consideramos que ninguna ley secundaria podría ir en contra de lo que establece la Constitución.

JAIME NÚÑEZ: Estamos platicando con el Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Javier Juárez Mojica, comisionado ¿Qué va a pasar con este periodo de seis meses que se les dio para que se establecieran las reglas secundarias o las leyes secundarias, para ver cómo iba a ser la manera, en la cual, se iban a obtener estos datos biométricos? Vaya, desde qué datos biométricos se iban a obtener, ¿todo esto se va a tener que quedar en un stand by? Permítame el término ¿Hasta que se decida a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y avanzar en ese sentido?

JAVIER JUÁREZ MOJICA: Estimado Jaime, qué bueno que haces esa pregunta, creo que es muy pertinente, o sea qué sigue, qué va a pasar. Mira, lo que yo te podría decir es que, nosotros vamos a promover esta controversia, ahora apenas el Pleno resolvió sobre la autorización para la, para que la presente el Comisionado Presidente. Va a depender del trámite que, en su caso, le den en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ellos son la autoridad, la institución competente para resolver.

Nosotros, mientras tanto, y mientras esta reforma legal no sea declarada inválida por alguna autoridad competente para ello, pues lo que tendríamos que hacer es seguir trabajando, o sea, atendiendo, por supuesto, hemos estado muy atentos a las preocupaciones de la sociedad civil este, les preocupa la parte de privacidad, y vaya, creo que son preocupaciones muy válidas, que nosotros las vamos a tener que tomar en cuenta para elaborar un anteproyecto de lineamientos que, por supuesto, se va a tener que con someter a consulta pública para atender todas estas preocupaciones, Jaime.

Este, entonces tendríamos que seguir trabajando y ver cuál es el resultado judicial de esta controversia.

JAIME NÚÑEZ: Y en ese, en ese trabajo se va a determinar cuáles son los datos biométricos que se van estar solicitando, porque tengo entendido que hoy el abanico es muy amplio, no se tiene claridad si solamente es la huella digital o si es el iris, o si es la voz, o si es el rostro completo, vaya, quedó muy amplio.

JAVIER JUÁREZ MOJICA: Efectivamente, no es una cuestión que esté definida propiamente en la reforma legal, lo que dice es datos biométricos, más, menos en función de las disposiciones que emita el IFT, entonces, ahí precisamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones debería de determinar, en su caso, cuáles son esos datos biométricos y considerando, pues todo esto que ha manifestado la sociedad, las preocupaciones, pues determinar en su caso, cuál sería ese dato biométrico Jaime, también buscando que se cumplan otros principios legales como el de la proporcionalidad, pertinencia, etcétera.

JAIME NÚÑEZ: Y la gestión de datos personales.

JAVIER JUÁREZ MOJICA: Sí, por supuesto.

JAIME NÚÑEZ: Un respeto que nuestra Constitución lo asume, y que ustedes deberían también de asumirlo, por lo que representa guardar o gestionar nuestros datos personales.

JAVIER JUÁREZ MOJICA: No, totalmente, la privacidad es otro de los derechos que debemos preservar y observar en la emisión, en su caso, de estos lineamientos. Y a ver, nada más insistir, esto todavía depende cuál vaya a ser la resolución ante estas controversias, no ha sido el IFT el único que lo ha controvertido, cuál será la determinación, en su momento, de la Suprema Corte de Justicia, eso habría que esperar.

JAIME NÚÑEZ: Esto solamente busca darle claridad, certeza y un mejor papel al Instituto, frente a esta solicitud y a esta ley que emana desde la Cámara de Diputados.

JAVIER JUÁREZ MOJICA: Sí, mira, para ponerlo en términos muy sencillos, este, lo que le estamos diciendo a la Suprema Corte es que, consideramos que esta reforma legal está invadiendo atribuciones, facultades otorgadas constitucionalmente al Instituto Federal de Telecomunicaciones, y será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien revise esos argumentos para determinar lo conducente.

JAIME NÚÑEZ: Pues Javier Juárez Mojica, Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, muchas gracias, hoy en esta tarde, al menos es la noticia que los portales de internet tienen como nota principal, sin duda, muy relevante lo que hoy decidió el Pleno del Instituto Federal, gracias comisionado, cuídese mucho, muy buenas tardes.

JAVIER JUÁREZ MOJICA: Gracias a ti Jaime, saludos.

JAIME NÚÑEZ: Hasta pronto, es el Comisionado y con una nota muy relevante que tiene que ver con este Padrón de Telefonía, la pausa, son las 5:20, volvemos.

VOZ EN OFF: Estás abriendo la conversación con Jaime Núñez. 

ALICIA SALGADO, CONDUCTORA: Vamos directamente con Adolfo Cuevas, Comisionado Presidente del Instituto Federal Telecomunicaciones. Qué tal Adolfo, ¿cómo estás?

ADOLFO CUEVAS, COMISIONADO PRESIDENTE DEL IFT: Muy buenas tardes Alicia, muchas gracias por la oportunidad.

ALICIA SALGADO: Pues al contrario, explícanos la controversia, porque fue aprobada por el Pleno.

ADOLFO CUEVAS: Así es. Hoy en votación en sesión de Pleno por unanimidad los Comisionados aprobamos interponer una controversia constitucional contra la reforma hacia la Ley Federal de Telecomunicaciones que crearon el PANAUT.

Tienes dos ejes la impugnación que estableceremos. El primero es la afectación a la autonomía presupuestal y de gestión, puesto que hay un mandato taxativo de parte del Congreso en un transitorio para que el PANAUT se ha sufragado con recursos del instituto, de lo que no disponemos porque ya el presupuesto lo efectuamos para cumplir los fines que nos son encomendados de una manera diversa.

De tal manera que emitir ese mandato sería asumir que por el Congreso establecer cómo debemos gastar los recursos que nos asigna la Federación, lo cual, no puede llegar a este grado de detalle.

Recuerdo que nosotros habíamos hecho saber al Congreso sobre la necesidad de recursos adicionales para el PANAUT y que también hemos dirigido en día recientes un oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; sin embargo, dada la inminencia para que venza el plazo en que podemos interponer la controversia es que hemos tomado esta decisión el día de hoy.

El segundo eje, estimada Alicia y para tu auditorio, tiene que ver con una posible cooptación al derecho de las y los mexicanos al acceso a los servicios de telecomunicaciones. Vamos a pedir a las señoras y señores ministros de la Corte que analicen que en nuestro concepto algunas de las estipulaciones que definen el PANAUT podrían impedir el pleno goce, el efectivo goce de esos derechos a las telecomunicaciones que tenemos para reducir la posibilidad de la inclusión de los mexicanos a la conectividad. En ese orden de ideas es que hemos articulado este planteamiento.

ALICIA SALGADO: Por qué Adolfo, por qué hay una parte que dice que, si no te pones la huella, simplemente no tienes derecho a tener teléfono celular.

Bueno...Lo que nos está diciendo Adolfo Cuevas, el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones es que la controversia constitucional podría limitar el acceso de las y los mexicanos a los servicios de telecomunicaciones al impedir el efectivo goce de los derechos a ellas. Adolfo Cuevas ya te retomamos.

ADOLFO CUEVAS: Gracias. Explicaba yo sobre porque el tema de la afectación. Primero, son derechos humanos y tienen que ser vistos de una manera progresiva. En el estatus actual los mexicanos no tienen que acudir a mecanismos particulares para poder disfrutar, desde ahí hay un tema donde ver si el tipo de requisitos que se piden son necesarios y son pertinentes.

No que se ha equivocado buscar el objetivo de seguridad pública que manifiestan, sino, si este es un mecanismo apropiado y como limita el derecho de acceso a las telecomunicaciones y como poner en balance uno y otro derecho: la seguridad pública y el acceso telecomunicaciones.

El otro tiene que ver con aspectos particulares, por ejemplo, como este mandato de cortar el servicio a las y los mexicanos que no registren sus datos en un tiempo perentorio, eso podría llegar a dar lugar a decenas de millones de desconexiones.

Recuerdo Alicia para ti y tu auditorio que cuando se estableció el RENAUT que se acercaba la fecha en que también se previa que debía ser el RENAUT, fallido de hace algunos años, teníamos parece momento millones de mexicanas y mexicanos que no se habían registrado y que habían sido objeto de un corte. Ese es un riesgo.

También tenemos que ver la situación de los mexicanos. Nos solemos imaginar un mexicano promedio en condiciones favorables, esa no es la realidad, la inmensa mayoría de los mexicanos tienen problemas con acceder documentos de identificación para poder realizar trámites, etcétera. Incluso los desplazamientos para poder cumplir requisitos en algunos lugares que pudiese ser habilitados a una propiedad recepción de datos personales como se prevé.

En todo eso es que le vamos a pedir a la Corte que revise, que considera que eso pudiese ser contrario al mandato que tenemos de garantizar el acceso a las y los mexicanos de asegurar que gocen de estos derechos y que esto se de manera progresiva e incluyente. Todos esos riesgos los vemos Alicia y por eso hemos decidido interponer la controversia.

ALICIA SALGADO: Además no tienen el presupuesto para hacerlo en el tiempo que les piden ponerlo.

ADOLFO CUEVAS: No, te lo digo en 30 segundos. Mira, nosotros, hemos tenido una reducción de más de 500 millones nominales de presupuesto, teníamos más de 2 mil, tenemos hoy apenas mil 510 millones de pesos; eso en términos nominales, en términos reales contando inflación el impacto ya cercano a un 40%.

El costo del padrón hemos referido, lo hemos explicado al Congreso y a la Secretaría de Hacienda es del orden de cientos de millones pesos. Simplemente no tenemos el recurso para hacerlo.

ALICIA SALGADO: 700 decían.

ADOLFO CUEVAS: Si mira. Hemos costeados los puros equipos del sistema informático con instalación física de cerca de 800 millones de pesos, más el mantenimiento anual de más de 100 millones de pesos.

Eso es un grave riesgo para el Instituto, porque no tenemos como construir el sistema que garantice la seguridad de los datos, la seguridad de la información y lo que sería el padrón más grande de México, más grande que el del INE.

Por eso es que pedimos y pediremos a la Corte que analice esta complejidad y esperamos tener compresión y una resolución favorable de las y los señores ministros.

ALICIA SALGADO: Muchísimas gracias. La última pregunta, ¿cuántos millones de mexicanos tenemos una conexión móvil?

ADOLFO CUEVAS: Mas de 120 millones de mexicanos, de los cuales más de 100 millones son de prepago, son de tarjeta. Esto da cuenta de la complejidad para esos mexicanos.

ALICIA SALGADO: ¿Solo 20 de pospago?

ADOLFO CUEVAS: Si, exactamente. 100 millones de mexicanos o sea son los más que la población de cualquier otro país de habla hispana en todo el mundo, imagínate. Entonces, para esos mexicanos puede ser especialmente complicado y estarían en un riesgo mayor aún de perder el servicio por cualquier situación que pudiese darse en esos procesos.

Eso es lo que pediremos que revise la Corte, que pondere entre los derechos de seguridad y de acceso a las telecomunicaciones con todo lo que implica las telecom hoy en día como lo hemos visto durante la pandemia.

ALICIA SALGADO: Pues muy bien, muchísimas gracias Adolfo Cuevas, Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por explicarnos las causas de esta controversia constitucional en contra del PÄNAUT que se ha presentado a la Suprema Corte de Justicia o será presentada. Gracias.

ADOLFO CUEVAS: Muy amable, gracias.

Entrevista del CP Adolfo Cuevas a Radio Fórmula. Tema: Controversia Constitucional, Disney-Fox Sports y Consulta pública.

MARICARMEN CORTÉS, CONDUCTORA: Regresamos aquí a “Fórmula Financiera” y otra nota relevante del día de hoy es que el IFT, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, acordó presentar -todavía no la presenta, ahorita nos vas a decir Adolfo- una controversia constitucional en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, lo cual a mí en lo personal me tiene muy contenta que lo vayan a presentar.

Y tenemos aquí, ya, vía Zoom a Adolfo Cuevas, el Presidente del Ifetel, bueno, el interino que llegaste pa’ quedarte, Adolfo, porque no veo cuándo van a nombrar a otro. Oye, Adolfo, cuéntanos de este acuerdo del pleno, a mí me parece muy bien, pero cuéntanos.

ADOLFO CUEVAS, PRESIDENTE DEL IFT: Muchas gracias, Maricarmen, muy buenas noches, gracias por la oportunidad de hablar con ustedes y su auditorio.

Hoy, por unanimidad, los Comisionados del Pleno votamos por interponer una controversia constitucional. Básicamente hay dos ejes que animan esta intención.

El primero es la afectación a nuestra autonomía presupuestaria y de gestión, ya que los mandatos del Congreso indican que tendremos que costear con recursos del IFT, los ya asignados para el 2021, el PANAUT.

Como hemos hecho saber a la opinión pública, al Congreso, a la Secretaría de Hacienda, el costo del PANAUT es del orden de cientos de millones de pesos, de los que no disponemos, por eso obedecer un mandato como fue impuesto por el Congreso, implicaría no destinar los recursos como teníamos previsto para cumplir otros fines del Instituto y eso nos parece sumamente grave.

También e igualmente hemos abordado el tema de una posible afectación a los derechos constitucionales de los mexicanos de acceder a las telecomunicaciones, ¿en qué sentido? De que el mandato del IFT de promover el acceso a estos servicios y así vigilar el desarrollo de los sectores puede estar comprometido por medidas diversas en el decreto de reformas a la ley como, por ejemplo, aquella que indica que deberá ordenarse la desconexión de las líneas si a los dos años no han quedado inscritos. En ese sentido es que hemos decidido hoy, por unanimidad, interponer en próximos días la controversia.

MARCO ANTONIO MARES, CONDUCTOR: Claro, Adolfo Cuevas, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, me da gusto saludarte.

ADOLFO CUEVAS: Igualmente, Marco Antonio, muy buenas noches.

MARCO ANTONIO MARES: Adolfo, si nos puedes decir en cuántos días para presentar esta controversia constitucional, ya nos especificabas los tres puntos centrales, uno de ellos es el del presupuesto. Si puedes, corrígeme las cifras, tengo entendido que ustedes hicieron un cálculo y que el cálculo para echar a andar un padrón como el que está pidiendo la ley ya aprobada por el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, es de mil millones de pesos.

Ustedes actualmente tienen un presupuesto de alrededor de mil 500 millones de pesos, pero ese presupuesto ya está planeado, ya está etiquetado, ya no se puede, ya no se podría utilizar con ese propósito. Cuéntanos.

ADOLFO CUEVAS: Así es, Marco Antonio. Sobre la primera parte de tu pregunta, en efecto tenemos 30 días hábiles para la interposición de una controversia contra la ley que entró en vigor el 17 de abril pasado, por lo cual, esto nos llevaría a la última semana de mayo para interponer la controversia y ese es el plazo que tenemos para elaborarla y para presentarla ante la Corte.

Ahora bien, sobre el tema de los costos, el puro equipamiento, los puros bienes físicos y la obra civil necesaria estaría rondando los 800 millones de pesos. Habría también componentes de costo anual que rondarían o serían superiores a 100 millones de pesos. De ahí la cifra que tú indicabas.

Quisiera referir sobre la situación delicada que tiene el IFT en materia presupuestal. Hace tres años, en 2018, teníamos un presupuesto superior a los dos mil millones de pesos. En los tres años de la presente administración, por decisiones soberanas de la Cámara de Diputados, del Congreso, nuestro presupuesto ha bajado a casi mil 500 millones, una pérdida en términos nominales del 25%, pero en términos reales, contando el efecto inflacionario, sería superior al 30%; de tal manera que, no tenemos margen para destinar recursos de estos mil 500 millones al PANAUT.

Eso lo hicimos saber al Senado oportunamente antes de que se votara ahí en Cámara de Senadores; lo hicimos también saber que la Secretaría de Hacienda y entendemos la difícil situación del Gobierno Federal, en cuanto a poder dotarnos de más recursos, pero eso también nos lleva a una situación de imposibilidad práctica, imposibilidad material que cumplir con la preparación, con la implementación del padrón, por la compra de estos equipos muy costosos que no son un capricho, tiene que ver con tener equipos seguros, robustos, para la debida protección de los datos personales.

Y es en ese sentido que nosotros estamos cuidando mediante esta controversia constitucional que, si se va a tomar una medida de este tipo, sea suministrando los recursos que el IFT requiere, independientemente del otro punto que he abordado, que hay una muy probable afectación a derechos constitucionales de usuarios y que estamos buscando defender.

JOSÉ YUSTE, CONDUCTOR: Y fíjate que a eso vamos. Estamos platicando con Adolfo Cuevas, el Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, sobre esta controversia constitucional que van a interponer en contra de este padrón de telefonía móvil, a mi gusto también me da mucho gusto que lo hagan. Sinceramente no le encuentro ni pies ni cabeza a este padrón. Cuéntanos por qué es inconstitucional. Ustedes hablaban creo que, de dos artículos de la Constitución, Adolfo, del sexto y séptimo, si no mal recuerdo.

ADOLFO CUEVAS: Gracias, José, muy amable, mira, retomo el tema del fin de una controversia constitucional. Es dirimir una afectación a las competencias otorgadas a una autoridad, y eso es lo que estamos señalando también, en los dos sentidos que decía, el tema de la afectación a nuestras facultades para decidir autónomamente la atribución de recursos en el presupuesto, como ya lo hicimos, y que tendríamos que deshacer nuestro presupuesto actual y dejar de cumplir otras funciones para buscar elaborar con eso del padrón, además de ser insuficiente el recurso como ya expliqué.

Pero en el otro sentido, nosotros tenemos un mandato constitucional en el artículo 28: promover el desarrollo de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión y hacerlo, dice el 28, garantizando los derechos establecidos en los artículos sexto y séptimo constitucionales.

¿De qué hablan este seis y siete? Del derecho de los mexicanos al acceso a los servicios de telecomunicaciones, situación que podría estar comprometida con medidas tales como una desconexión ciega, y déjame decirte, José, y a todo el auditorio de ustedes, el precedente muy relevante del fallido RENAUT.

El RENAUT preveía también una desconexión después de un año, si no se inscribían, a través de un procedimiento extremadamente simple que era entonces, hace una década, el envío de un mensaje, de un SMS.

¿Qué pasó? En 2010, a unas semanas de cumplirse el plazo para la desconexión, más del 30% de los usuarios no habían podido cumplir con ese procedimiento simple. Eso implicó en aquel entonces cerca de 30 millones de usuarios.

Ahora que el proceso es mucho más complejo. En aquel entonces había 80 y tantos millones de líneas; hoy que tenemos más de 120 millones de líneas, imagínate con un proceso mucho más complejo el riesgo de que pudiésemos tener que desconectar a decenas de millones de mexicanos.

Eso claramente compromete el acceso a los servicios de telecom, que además son habilitadores de otros derechos: a la información; a la salud, como lo fue la pandemia; a la educación como también lo fue.

Entonces imagínate desestructurar una estructura de derechos del Estado mexicano a favor de todos nosotros por una medida estrictamente administrativa, que bien puede proseguir un fin plausible como es la seguridad pública, pero eso es justamente lo que le queremos pedir a la Corte, que pondere entre estos derechos y decida como corresponda, conforme al máximo tribunal toca decidir.

MARICARMEN CORTÉS: Oye y bueno, ustedes presentarán la controversia, no sé, la próxima semana, la siguiente, ustedes tienen un plazo en principio de acuerdo con la ley de 180 días, seis meses para desarrollar este padrón.

En el caso de que el secretario de Hacienda sacara su varita mágica y autorizara fuera de presupuesto, porque estamos hablando de mayo y dijera bueno, aquí tenía yo este guardadito y le quito un cachito a no sé quién y te doy a ti 500, 600 millones de pesos, ustedes ya tendrían la controversia presentada, o sea, el problema, no solamente es de presupuesto.

ADOLFO CUEVAS: Efectivamente, no solamente es el presupuesto y queremos que la Corte analice eso. Es algo donde nosotros ponemos a consideración de nuestro máximo tribunal este conflicto de derechos, pero claramente en concepto del IFT -y por eso presentamos la controversia- en nuestro parecer habría un mucho mayor daño a los mexicanos, al país, a todos nosotros, si se afectara la estructura de derechos que dependen del sector telecomunicaciones que, no es estrictamente la comunicación entre personas. Ese punto lo queremos subrayar, Maricarmen, por qué es nodal para nosotros.

Si bien hay un tema presupuestal que nos interesa y nos preocupa y es absolutamente práctico para nosotros, hay un tema también de fondo de derechos que queremos que la Corte asuma, que dialogue como corresponde a las señoras y señores ministros y que ellos decidan cuál es el curso que el Estado mexicano debe tener.

Y en esto no hay un reto a las instituciones. Hay una apelación a que todas las instituciones perseguimos o debemos perseguir un fin superior y buscar ese balance, ese acomodo de los derechos para una marcha feliz y continua de la vida social en México.

Eso es lo que está comprometido y nosotros, aun teniendo esos recursos, mantendríamos evidentemente la controversia, pero quiero aclarar que, en tanto no haya una suspensión o una decisión de fondo que anulara estas reformas, nosotros evidentemente seguiremos trabajando en pro de cumplir el mandato que nos dio el Congreso.

No está a discusión el cumplimiento de la ley. Está a discusión, y eso lo decidirá la Corte, si esa ley es conforme y armónica en el sistema integral de derechos de México. Pensamos que no lo es, en el IFT eso pensamos, pero lo tendrá que decidir la Corte.

MARCO ANTONIO MARES: Adolfo, entiendo entonces que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, independientemente de la presentación, la interposición de esta controversia constitucional, continuará trabajando en lo necesario para llevar adelante este padrón, porque hay que pensar, en una de esas la Corte resuelve que no hay lugar para la controversia y la Secretaría de Hacienda pudiera sacar algún guardadito y les da el presupuesto, ¿ustedes tendrían que estar listos?

ADOLFO CUEVAS: Nosotros vamos a estar listos. Siempre el IFT ha cumplido, pero también para nosotros en un momento como el actual, en esta difícil situación en que nos puso el PANAUT, tenemos también que decidir que eso es parte de la labor del IFT, hacer el señalamiento que hoy hicimos los Comisionados.

JOSÉ YUSTE: Sí, claro, y con un tema preocupante que ya lo tocabas, Adolfo, el bajo presupuesto. Empezaron con dos mil, van con mil 500 millones de pesos anuales para todo lo que tienen que hacer y, además, bueno, sin tomar en cuenta la inflación. La verdad es que sí ha habido una reducción fuerte y están haciendo el mismo trabajo.

ADOLFO CUEVAS: Así es. Y lo estamos haciendo bien. Les doy un ejemplo, y perdón que lo mencione, pero el sector sigue creciendo, a pesar de la pandemia. Es de lo poco que creció en México. Mientras la economía se hundió casi 9%, el sector telecom creció un 1% y fue el habilitador de lo que pudo continuar en la vida en México durante la pandemia, lo vimos todos, información, educación, entretenimiento, convivencia. Entonces nos parece por eso muy relevante cuidar el sector, porque no se trata de cuidar una empresa, se trata de cuidar el bienestar de los mexicanos.

MARICARMEN CORTÉS: Oye, Adolfo, si nos permite regresamos contigo, porque tenemos todavía pendiente temas como el de Fox Sports, ya no se vendió, por lo menos no se ha vendido. Si nos permite, regresamos, Presidente Interino del Instituto Federal de Telecomunicaciones, no se vaya, muchas gracias.

ADOLFO CUEVAS: Muchas gracias.

MARICARMEN CORTÉS, CONDUCTORA: Regresamos aquí la Fórmula Financiera, seguimos platicando con Adolfo Cuevas, es el Presidente del IFETEL, Adolfo, yo te quería cambiar el tema de Fox Sports, pero, ahora sí que en el corte hablábamos de que ustedes tienen 180 días que vencen en octubre para re aplicar los lineamientos, si en el inter no se ha resuelto la controversia constitucional, sí o sí ustedes tienen que tener los lineamientos, que no es lo mismo a arrancar el padrón, cuéntanos.

ADOLFO CUEVAS, COMISIONADO PRESIDENTE DEL IFT: Así es, tenemos el mandato de emitir los lineamientos en 180 días so pena, dice el propio decreto de la norma, de incurrir en responsabilidad administrativa.

Sabemos que estamos listos, pero eso no soluciona, no hace falta sólo de tener un papel que diga algo, de ahí se detonaría la implementación del sistema informático que debe ser robusto, seguro, para proteger los datos personales, ahí contenidos, que tendría otros seis meses para ser implementado toda vez que el decreto de reforma señala que un año después de promulgada la reforma, o sea, abril del año próximo tendrían ya que estarse capturando los datos.

Pero eso sólo es posible si el sistema existe, el sistema informático existe y para eso el IFT requiere de recursos. Por esto avanzamos esta propuesta de presentar la controversia, porque puede estar severamente comprometido todo el entorno del sector telecomunicaciones, ya que, es una cadena de responsabilidades, no solamente del IFT, si no de los propios operadores. Entonces tiene que haber plena certeza de cuáles son las condiciones en que puede empezar a ocurrir la captura de datos y por eso el interés en lo que hoy aprobamos por unanimidad en el Pleno.

MARCO ANTONIO MARES, CONDUCTOR: Claro, Adolfo, ¿se ha hecho algún cálculo de cuántos mexicanos podrían no dar sus datos por esta imposibilidad?, no solamente porque quieran o no quieran, sino por lo que tu mencionabas hace un momento, la dificultad que tenemos un gran número de mexicanos para cumplir con la tramitología, ¿que tanto se podría desconectar a mexicanos incumplen con la entrega de sus datos biométricos?

ADOLFO CUEVAS: Mira, pues he comentado yo que cuando la fallida experiencia de RENAUT una década atrás, a unas cuantas semanas de que se cumpliera el plazo para la desconexión, más del 30% de los usuarios, eran casi 30 millones de líneas, no se había podido dar de alta y hubieran sido objeto de desconexión en aquel entonces, pero vino una contrarreforma que anuló el RENAUT.

Ahora la tramitología más compleja, porque incluye la captura de datos biométricos y otra serie de requisitos que están plasmados en el decreto; en ese orden de ideas, sí hay un riesgo real dados los antecedentes y un ecosistema de servicios telecom donde les puedo decir, más del 80% de las líneas de la 125 millones de líneas que tenemos en México son de prepago, o sea, de tarjetas de recarga, eso habla más de 100 millones de usuarios en esa condición de servicio que creo que serían potencialmente vulnerables, aunque esta situación y ese es el tema, donde puede estar comprometido el mandato al IFT de favorecer el acceso a los servicios cumpliendo el mandato de desarrollar el sector telecom.

JOSÉ YUSTE, CONDUCTOR: Desde luego Adolfo, bueno ese era obviamente el tema del padrón, la verdad es que está muy claro porque interponen esta controversia constitucional contra el padrón de telefonía móvil constitucional y además no tienen recursos y va en contra de los derechos de los usuarios.

Pero bueno, aparte de esto hay otro tema, ya lo comentaba Maricarmen el del canal Fox Sports y se tardó, lo ha intentado vender Disney desde hace dos años, se vino la pandemia, ustedes vieron varias prórrogas, creo que seis, ahorita nos dices cuantas, llegó un momento en donde dijeron ya no, ahora sí ya se abrió la economía, ya hay posibilidades de venderlo, ¿qué ha pasado?, cuéntanos.

ADOLFO CUEVAS: Los antecedentes. Emitimos la resolución en marzo del año 2019, dimos una prórroga y cuatro ampliaciones a la prórroga, porque fue suspendida con motivo de la pandemia, en ese sentido efectivamente, ya no dimos una última prórroga y lo que pasó entonces en términos de la resolución de 2019 es que se debe constituir un fideicomiso y traspasar esos bienes de Disney donde involucran a los canales deportivos Fox Sports al fideicomiso operado por un banco mexicano.

Esto tiene que ser cumplido de la siguiente manera, hay un plazo inicial que es crítico donde en 10 días hábiles empezaron a correr desde el pasado sábado, de hecho, Disney debe presentar una propuesta de reglas para el fideicomiso e identificar a la institución financiera que lo operara, al banco mexicano, donde constituirá el fideicomiso.

Tiene que hacerlo así y es evidentemente un paso delicado para la empresa, lo entendemos, estamos atentos a la señal que nos da la empresa, no puedo porque es un tema, el expediente de alta confidencialidad, revelar ningún dato preciso sobre esta transacción, pero en términos de la decisión del Pleno tiene ahora que constituirse el fideicomiso y empieza por eso, por un plazo de 10 días para que presente la propuesta de reglas Disney y además se identifique a la institución financiera donde operará el fideicomiso.

MARICARMEN CORTÉS: Existe la posibilidad de que la empresa les pida una ampliación o una prórroga para presentar las reglas o es irrevocable 10 días.

ADOLFO CUEVAS: Si, si hay una posibilidad de prórroga, que también sería en unos cuantos días, en realidad no es mucho más.

MARCO ANTONIO MARES: Hasta este momento ya dijo esta boca es mía, la parte que le correspondería dar a conocer si ya está preparada para llevar adelante el plan ¿o no?

ADOLFO CUEVAS: Marco, como comenté no puedo dar detalles, ningún detalle preciso sobre el expediente, sólo puedo hablar de las reglas que ya corresponden a los actos emitidos por el IFT, pero ningún dato preciso de la transacción, es una información sumamente sensible.

JOSÉ YUSTE: Claro, cuéntanos por favor Adolfo qué es lo que tiene Fox Sport y qué tiene ESPN, por qué se duplicaban, por qué Disney al absorber Fox Sports no puede quedarse con ese canal de deportes, un poco para entender el negocio.

ADOLFO CUEVAS: Como lo vimos en su momento, había un mercado particular de contenidos deportivos en sistemas de televisión restringida, es un mercado relevante, porque agrega enorme valor a los sistemas de televisión restringida, particularmente los paquetes premium donde los contenidos deportivos son altamente apreciados y eso conlleva el valor de la marca y a la posibilidad de ganar más suscriptores.

En ese orden de ideas, el haber permitido la acumulación de los canales de Fox a los de ESPN habrían llevado a Disney a controlar más del 90% del negocio de deportes en televisión restringida. En televisión restringida y eso no pareciera inapropiado en términos de competencia, una visión que en su momento otras autoridades de competencia compartieron en el mundo.

Nada menos con Estados Unidos la transacción jamás incluyó los canales deportivos, Fox sigue existiendo como cadena deportiva de Estados Unidos de América y otras jurisdicciones como la brasileña también tomaron la decisión en sentido similar a México.

Era este riesgo de competencia lo que nos preocupaba y por eso buscábamos y la orden fue que esa posición Fox Sports fuera trasladada a otro competidor que pudiese mantener el negocio como viable para que fuera realmente competitivo y mantuviera esa división de audiencia, de ingresos, etcétera, que fortaleciera el proceso de competencia.

Los riesgos de una acumulación de poder tal eran muchos, en relación con varios otros segmentos en los mercados relacionados y evidentemente en perjuicio de las audiencias que podrían ver mermada la calidad de los productos como lo mantenían ahorita los competidores, es decir, uno a uno compitiendo sus canales por ganar audiencia, podía darse un fenómeno de dilución donde solamente uno o dos canales se mantuvieran como los estelares y los otros o desaparecieran o empezarán a manejar contenido de muy poco interés. Ese era el riesgo.

MARICARMEN CORTÉS: Oye, y aprovechando que te tenemos en Zoom, te iba a decir en la línea, pero tenemos aquí en Zoom este otro tema polémico que tiene que ver con esta propuesta de ustedes, del IFETEL, es para que en las tarifas de América Móvil se permita libertad tarifaria, creo que son 63 municipios de alta competitividad, de alta competencia y las empresas dicen que esto, las competidoras de América Móvil dicen que, esto les va a afectar, ¿qué ha pasado con esto y en qué proceso va?

ADOLFO CUEVAS: Estamos en un proceso de consulta pública, no hay ninguna decisión tomada, una vez que concluya la consulta pública los miembros del Pleno del IFT valoraremos todo lo que se ha manifestado, escuchamos con mucho interés las preocupaciones de la industria y tomaremos la decisión que estimemos nos corresponde y satisface mejor el interés público.

¿Cuál es el tema de fondo? si bien es cierto que sigue siendo alta la concentración en los mercados de Telecom, aunque ha disminuido de manera importante en varios segmentos, por ejemplo, en algunos segmentos como el internet ya Telmex tiene solamente 50%, bajó más del 20% su participación en estos últimos años, lo cierto es también es que en algunos mercados, en algunos mercados particulares vemos que ya Telmex incluso no tiene más de 50% de los usuarios, ese porcentaje mayor lo tiene una o más empresas competidoras y en ese sentido parece ser, y es el planteamiento que hace la consulta pública, no es una decisión de los Comisionados, que pudiese no ser necesario mantener un esquema completamente asimétrico.

La libertad tarifaria como esta propuesta en la consulta pública, repito, no se ha tomado una decisión, es simplemente que pueda analizarse eso para dar cierta flexibilidad a Telmex, que no implicaría de ninguna manera que, no hubiera controles, porque tendría que seguir operando, por ejemplo, las reglas de replicabilidad, es decir, no podía armar ningún paquete Telmex que desplazara a otros competidores en esos mercados o que hiciera que sus ofertas no pudiera ser replicada por otros operadores y eso lo que la consulta pública está planteando, repito está en proceso de análisis.

MARCO ANTONIO MARES: Adolfo, ¿quién propone este debate, esta consulta pública?, porque al proponerla obviamente implicaría que hay cierto consentimiento de quien la propone y esto tendría implicaciones internacionales, porque los operadores, los competidores como que muy contentos con la libertad tarifaria.

ADOLFO CUEVAS: Gracias por la pregunta. Te explico el proceso.

MARICARMEN CORTÉS: En un minuto.

ADOLFO CUEVAS: La unidad responsable de la regulación asimétrica valora la eficacia de las medidas y plantea estos ajustes, en Pleno le autoriza que haga una consulta pública, pero eso, no implica que el Pleno tome una posición o decisión, en Pleno decidirá en el futuro lo que corresponde.

JOSÉ YUSTE: Pues, Adolfo Cuevas, muy bien

MARCO ANTONIO MARES: Muchas gracias Adolfo.

ADOLFO CUEVAS: Gracias a ustedes por la oportunidad de explicar estos temas a su auditorio, lo apreciamos mucho en el IFT, muy amables.

JOSÉ YUSTE: Que amable Adolfo, vamos a un corte comercial y regresamos a Formular Financiera.

VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS, CONDUCTOR: Ya está, ya está en la línea telefónica y le agradezco mucho, perdón por este corte, Arturo Robles, Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Si estás en línea, ¿verdad?

ARTURO ROBLES, COMISIONADO DEL IFT: Sí aquí estamos Víctor, a la orden.

VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS: Si, qué bueno. Gracias. Te platicaba hace unos momentos sobre, pues que ya estamos con el padrón nacional de usuarios y ustedes interpusieron una controversia contra ese padrón, que lleva los datos biométricos de todos aquellos que somos usuarios de la telefonía celular, que son más de 80 millones de personas. ¿En qué consiste esta controversia?

ARTURO ROBLES: Gracias Víctor por el espacio. Pues esta controversia es una muestra más del compromiso que tenemos en el Instituto de garantizar los derechos de acceso a los servicios de telecomunicaciones por todos los mexicanos.

¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos viendo en esta norma del padrón que se nos obliga a desconectar a los usuarios que en dos años no completen el registro y justamente eso está en contra de nuestro mandato constitucional.

También hay otros aspectos que tienen que ver con derechos humanos, con la autonomía técnica del Instituto, pero, sobre todo, con esa de conexión a los usuarios que pues, por darte un ejemplo, cuando se hizo el RENAUT hace varios años al tiempo cuando ya se iba a desconectar a las personas cerca de 35 millones estuvieron en riesgo de desconectarse; en este caso, que ya somos 120 millones de líneas, pues la afectación podría ser mayor.

VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS: Estamos viendo alrededor de todo ello que se busca, hay dos posturas: la del gobierno que, si quiere ponerlo y la de mucha gente que no, dice: "Yo no quiero utilicen mis datos biométricos. Ya los tienen los bancos, ya los tiene Relaciones Exteriores, ya los tienen la embajada, ya los tienen hasta para sacar las licencias de manejo".

¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué quieren tanta información? O sea, ya viéndolo bien y que es lo que buscan.

ARTURO ROBLES: Gracias Víctor. Pues justamente y desde un punto de vista técnico que es lo que es el Instituto, un órgano técnico, lo que se busca es tener una relación entre un número telefónico y la persona que lo registró.

Este tipo de registros se llevan a cabo en gran parte del mundo, lo que sí cambia en algunos sentidos es, si se hace una validación biométrica o no en este caso, para estar seguros, en el caso de México, es para estar seguros que quién presenta una credencial a nombre de una persona, por ejemplo, de Arturo Robles es efectivamente Arturo Robles, y por eso se hacen en ocasiones validaciones biométricas.

Pero más allá de eso, creo que lo importante es que el mecanismo con el que se está buscando hacer esta relación entre un número telefónico y una persona, parece algo demasiado invasivo y demasiado oneroso y se pueden tomar otras medidas, sobre todo lo preocupante es que se pueda llegar a desconectar a un usuario que por diversas razones a los dos años no haya dado de alta este registro, lo haya completado y con eso pues incumpliríamos el mandato constitucional que tenemos de conectar a todos los mexicanos.

VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS: Pero estamos viendo, y eso es muy claro, o sea para hacer una llamada telefónica que yo la haga con quién, con mi mamá, con mis hermanos, con mi mujer, con quien sea, qué necesidad hay que tengan los datos biométricos.

¡Ah! Es para perseguir a los delincuentes. Los delincuentes van estar comprando, vamos, en las tiendas van estar comprando y dejando sus datos biométricos para que lo sigan. Pues eso es absurdo.

ARTURO ROBLES: En este caso, justo como te comentaba desde el punto de vista técnico y cómo se hacen otros países, pues sí tienes que llegar con una identificación, inclusive, pues en gran parte de los países me imagino que cuando han viajado alguna parte de tu audiencia, le piden el pasaporte para comprar un chip.

Esto es lo que se hace en gran parte del mundo, la diferencia que establecía esta ley es que se validará que quién está ofreciendo esta identificación, es efectivamente la persona, para evitar que alguien pusiera un número a nombre de alguien más.

Después está la otra parte de relacionar un dato con el otro que corresponde a las autoridades de justicia pues verificar si esto al final va a ser una medida que efectivamente baje estos delitos.

Sin embargo, desde el punto de vista técnico te mencionaba que relacionar un número con un nombre y aquí, el problema que hay, es que no está claro qué pasa, o más bien, si a los dos años no has completado este registro se mandataba que tienes que desconectarlo y esto nos podrías traer un aproximado, si hacemos la comparación con el RENAUT de hace varios años, pues de casi de más de 30 millones de líneas que pudieran desconectarse y eso va en contra de nuestro mandato constitucional.

Y es por ello, que se votó unánimemente el controvertir está acción y que sea la Suprema Corte de Justicia quien decida si efectivamente se está violando alguno de los preceptos que garantizan nuestra Constitución.

VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS: Pues Arturo, Arturo de verdad te agradezco muchísimo. Yo veo esto como invasivo en mi privacidad, eso sí lo veo, oye, en otros países no más te piden pasaporte, te piden un documento de identidad, no te están pidiendo tus datos biométricos, no piden también hasta tu fe de bautizo. Pero, en fin, así se dan las autocracias, así se da o las teocracias también.

Oye pues Arturo de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche.

ARTURO ROBLES: Gracias Víctor, gracias a ti por el espacio y que la gente este convencida que siempre velaremos porque no se desconecten ni se violen derechos humanos.

VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS: Eso es lo importante es que ustedes también están pendientes de nuestros derechos como consumidores. Un fuerte abrazo, pásala muy bien Arturo. 

ARTURO ROBLES: Muchas gracias Víctor, un abrazo de regreso.