Las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, tienen su fundamento constitucional en el artículo 108, quinto párrafo, así como en su ley reglamentaria en los artículos 26 a 42 y 46 a 48 y demás normatividad, que en seguimiento a dichos preceptos, ha emitido el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

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