Instituto Federal de Telecomunicaciones

SAMUEL CUERVO, CONDUCTOR: El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, aprobó interponer una controversia constitucional contra el decreto del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el PANAUT. Para hablar sobre el tema tengo en línea esta mañana, vía Zoom, a Arturo Robles, Comisionado del instituto. ¿Cómo está Comisionado? Buenos días.

ARTURO ROBLES, COMISIONADO IFT: Buenos días Samuel, Dani, un gusto saludarlos.

SAMUEL CUERVO: Gracias. Olga, leyendo el comunicado que ha emitido el Instituto, veo que el argumento principal que están presentando para esta controversia es el tema presupuestal.

ARTURO ROBLES: El comunicado básicamente menciona dos temas, uno es, y desde mi punto de vista es el más importante, esta contradicción que, que tiene esta ley al mandatar que si a los dos años no has logrado completar este padrón se desconectará una línea.

Si se desconecta una línea, pues estas personas estarían privadas de este derecho constitucional que es el tener acceso a telecomunicaciones y radiodifusión, y justamente lo que nos dice el artículo 28 de la Constitución es que el IFT tiene que velar por el correcto desarrollo de las telecomunicaciones y ayudar a que todos los mexicanos estén conectados. Este es uno de los argumentos centrales.

El segundo, como bien mencionas, es la parte presupuestal, sería el padrón más grande, público, prácticamente del país, 120 millones de líneas, esto es más grande que del INE, imagínese el tamaño de líneas y poniendo un antecedente, como puede ser el RENAUT, donde cuando se acercaba la fecha límite para registrar los celulares, en el 2009 y 2010, pues 35% de este padrón no estaba completo, eso significaba, en esa época, 25 millones de líneas que iban a ser suspendidas. Ahora, si nos imaginamos lo que podría pasar ahora que existen 120 millones, sería más de 30 millones de líneas que pueden ser desconectadas y esto obviamente está en contra de nuestro mandato constitucional.

Esas son las dos principales razones por las que el Pleno, por unanimidad, decidió interponer una controversia constitucional.

SAMUEL CUERVO: Bien, le preguntaba esto, Comisionado porque viendo el comunicado, encontraba más referencias o más menciones al tema presupuestal que al tema como tal del derecho de los usuarios.

Ahora bien, qué es lo que se puede o se pide en este caso, ¿solamente que se revise a ustedes podrán hacer una, digamos, contrapropuesta de revisión a lo que se deba de corregir en esta reforma?

ARTURO ROBLES: Las controversias constitucionales son básicamente para defender las atribuciones que tiene cada una de las instituciones que formamos parte del Estado. En este caso, lo que vemos es que se invaden estas facultades al, por un lado, mandatar que tenemos que hacerlo con el presupuesto actual, el cual ya se ha visto reducido 40%; y preocupados por este tamaño y por la sensibilidad de los datos que se van a contener en él, necesitamos asegurarnos que, por un lado, tendremos los recursos suficientes y esto estaría en contra de la autonomía presupuestal.

Por el otro lado y el más importante, te comentaba, bajo mi punto de vista, es la desconexión de los usuarios. Lo que se está buscando justamente es que la Corte nos diga si efectivamente se están violando y se están invadiendo atribuciones y que nos diga cuál es el balance justo entre ambos derechos, que los dos son fundamentales, el derecho a estar conectados y el derecho a la seguridad. Corresponderá a la Corte decidir cuál va ser el alcance.

En un principio lo que se pide es que estas acciones sean suspendidas, dado que, en el momento en que se empiezan a ejercer cualquier acción referente a esta ley pues están destinando recursos, recursos, los cuales, pues obviamente son del presupuesto y también podría haber afectaciones a los propios usuarios en caso de que no se detuviera esta atribución o este mandato de desconectar a los usuarios que no hayan completado el registro.

SAMUEL CUERVO: Bien. Más allá de lo que determine el Poder Judicial en este caso de controversia, ¿cómo ve el Instituto o qué opina de esta creación de un registro, suponiendo que no invadiera las facultades que actualmente tiene el Instituto, ven viable o necesario que se cree un registro así, un padrón de usuarios que recopile datos biométricos de las personas y que lo condicione a la cancelación de su línea telefónica?

ARTURO ROBLES: Técnicamente los registros de usuarios o los registros de un número celular con un nombre existen en gran parte del mundo y es una práctica común en cerca de 180 países. Lo que es un cambio es esto que mencionas de una validación biométrica y este cambio es justamente lo que, se prevé por parte de la ley, es para evitar que, por ejemplo, alguien llegue con una credencial de Arturo Robles y no sea Arturo Robles quien esté presentando esta credencial, por eso hay, esta es la principal diferencia.

Ahora, el tipo, como ya lo mencionaba, de registros, existen en gran parte del mundo, el tema aquí es diferente, el tema es no sólo la valorización, sino que, conllevan a una desconexión de los usuarios. Este tema de la desconexión de los usuarios es el que, es el meollo de esta controversia y es el problema que habría por hacerlo.

Ahora, crear un padrón de 120 millones de líneas es algo inmenso, es algo que, no se puede lograr de la noche a la mañana y que tiene que estar muy bien planeado y es justamente por eso que podría haber otros mecanismos para llevar este control que probablemente sean más proporcionales a lo que se quiere conseguir que es técnicamente que con un número alguien lo tenga registrado. Esto ya sucede en la mayoría de líneas que están de pospago, los que tienen planes, como comúnmente se conoce, pero esto no sucede en el prepago.

De cualquier forma, implementar un registro de 120 millones, pues es algo muy complejo, es algo que se tiene que diseñar muy bien, es algo que se tiene que asegurar muy bien y justamente por eso el Instituto ha metido esta controversia para que sea el Poder Judicial quien determine, no sólo si se nos están invadiendo atribuciones, sino también, si la medida es proporcional a lo que se quiere conseguir.

SAMUEL CUERVO: Bien, Comisionado, podamos a estar atentos a la ruta que siga esto una vez que se lleve a cabo pues la discusión o trámite de esta controversia que han interpuesto y obviamente también estamos atentos al resultado y a lo que se dé en medio de ello. Le agradezco mucho que esta mañana nos haya atendido.

ARTURO ROBLES: Gracias a ti Samuel, muchas gracias por el espacio y que la gente esté segura que el instituto seguirá garantizando sus derechos al acceso a telecomunicaciones.

SAMUEL CUERVO: Gracias.

MANUEL FEREGRINO, CONDUCTOR: Vamos a platicar un tema, y le agradezco mucho a Arturo Robles Rovalo, espero decirlo bien, ahorita me corrige, Comisionado, es Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Dije bien el segundo apellido, Arturo?

ARTURO ROBLES ROVALO, COMISIONADO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT): Buenas tardes, Manuel, Patricia. Lo dijiste muy bien, Arturo Robles Rovalo.

MANUEL FEREGRINO: Perfecto, muy bien, muchas gracias. Comisionado, pues dos temas me parecen relevantes. Uno tiene que ver, por supuesto, con esta inconformidad, pues primero de un sector de opinión pública, después ustedes en el análisis que han hecho sobre este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, pues, que avanzó de manera muy acelerada en el legislativo mexicano para, precisamente…por lo pronto, creo que es Cámara de Diputados para ir a Cámara de Senadores. ¿Es así? Creo que sí es así, ¿verdad?, cubrió la ruta completa.

ARTURO ROBLES ROVALO: Es así, es así, surgió de Cámara de Diputados, después pasó a senadores y después fue publicada por el Ejecutivo.

MANUEL FEREGRINO: Y, entonces, pues la idea, obviamente, pues es establecer una controversia constitucional. Mi experiencia, Arturo, pues es que, cuando yo de alguna forma tuve que renovar una línea, ya no pude recuperar el número. La verdad, no me importaban mucho mis servicios con Telefónica, mis dos líneas, y me decían, “bueno, es que le voy a tener que cambiar el número”, pues yo no tengo ningún problema; pero, entonces, me dijeron, “por disposición oficial, tenemos que tener todos sus datos”. ¿Qué son sus datos? Pues, la huella digital, el iris del ojo, ya no me acuerdo cuántas cosas más. Pues, bueno…porque me dijo, “es que, mire, si no le tomamos estos datos, no le doy la línea”. Pues, la verdad, no me preocupó mayor cosa.

Después empecé a ver la discusión y vi cuántas reservas hay sobre la confianza, sobre todo, de quién tenga acceso a estos datos. Después, también supe que, en el caso de Telcel lo están haciendo o lo han estado haciendo. Entonces, me generó mucho ruido esta idea de que haya una ley que aplicara, en obligación, algo que las telefónicas ya lo están haciendo, porque lo pedía una disposición de la autoridad. Como quiera, ahora viene una controversia constitucional, porque la intención, de alguna forma, supongo, Arturo, para que nos lo expliques, por favor, pues es desconfianza, es exceso de la autoridad, ¿qué es?

ARTURO ROBLES ROVALO: Manuel, gracias por la oportunidad de explicar exactamente qué es lo que se está controvirtiendo y cuál es el tema de la controversia constitucional. Justamente, alrededor del mundo se hacen registros donde se relaciona un número telefónico con un nombre, con una dirección, lo que te han pedido, generalmente, a todos los que tienen un plan o un pospago, así se llama generalmente el plan.

MANUEL FEREGRINO: Correcto.

ARTURO ROBLES ROVALO: Esto, ahora se pretende hacer para todos los 120 millones de líneas. Los que tienen pospago o planes, son 20 millones de líneas y son casi 100 millones los que tienen prepago y no se tiene esta información.

MANUEL FEREGRINO: ¡Híjole!

ARTURO ROBLES ROVALO: ¿Cuál es el problema que se le ve a este padrón? El padrón, en la ley, establece que, si a los dos años no has completado este registro donde está este nombre, donde está este número, y también, en este caso, la validación biométrica, que ésta sirve para que no llegue alguien con una credencial de Arturo Robles y no sea Arturo Robles el que está ahí y, aun así, la registren, para eso sirven los biométricos, para hacer esta validación, con una huella digital, con un rostro, como lo hacen otros.

El gran problema que tiene esta ley es que mandata que tenemos que desconectar, a los dos años, si no has completado este registro, a los usuarios. Y eso va, evidentemente, contra nuestro mandato constitucional de que haya un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión y ayudar a que el Estado mexicano garantice lo que dice el 6º Constitucional, que es que todos los mexicanos, que tú, yo y todos los que nos escuchan, tengamos acceso a servicios de comunicaciones.

Obviamente, si desconectamos una línea, si desconectamos a las personas que tienen una línea porque no han completado el registro, pues estamos en contra de nuestro mandato.

Por ponerte un ejemplo, en el 2009 y 2010 existió un registro que se llamaba el RENAUT, que no tuvo éxito. En esta época existían 80 millones de líneas celulares. Cuando se estaba acercando el tiempo final, el tiempo perentorio para que se registraran y se tuviera, en esa época la Cofetel, que cortar las líneas, había cerca de 35% de líneas que no se habían registrado, esos son 20 millones de usuarios.

Si lo traemos al tiempo presente, donde hay 120 millones de líneas, y hacemos la misma comparación, pues significaría que en dos años hay que desconectar a más de 30 millones de usuarios y eso, evidentemente, está en contra de nuestro mandato de conectar a todos los mexicanos.

MANUEL FEREGRINO: Ya entendí. El derecho a la comunicación, el derecho al servicio para que no venga la circunstancia que quieras, Arturo, y nos limiten el servicio, nos corten la comunicación.

ARTURO ROBLES ROVALO: Exactamente, podría ser una medida excesiva. Por el otro lado, como también lo hemos señalado, sería el padrón más grande público de México, del país en la historia, porque son 120 millones de líneas. Sería más grande que el del INE, y para esto, lo que nos está diciendo también la ley, es que lo tenemos que hacer con los recursos que ya tenemos.

Obviamente, como no lo teníamos presupuestado, no lo teníamos planeado, pues no tenemos los recursos. Y en eso también la Constitución es muy clara, que los órganos autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, tienen autonomía presupuestaria.

¿Esto qué quiere decir? Que nosotros planeamos lo que vamos a hacer el siguiente año para asegurar buenos servicios, para la vigilancia de los operadores, para que no se caiga el internet, para todo esto que tenemos que hacer de protección del usuario.

Y si, de un momento a otro, nos mandatan algo nuevo y no nos dan presupuesto, pues evidentemente están invadiendo facultades y, lo más importante, no podríamos asegurar que esto esté bien resguardado, que es otra de las preocupaciones que ya habías mencionado, que son muy válidas, y que el Instituto, obviamente, está comprometido en mantener salvaguardados todos los datos que tengamos en nuestro poder.

MANUEL FEREGRINO: Sí, para que al rato no aparezca en Mercado Libre el padrón.

ARTURO ROBLES ROVALO: Sí, para que en ningún lado aparezca, es justamente para guardar estos datos y que no haya ninguna posibilidad de filtración. Todo eso requiere infraestructura, requiere varios cientos de millones de pesos, los cuales, no tenemos porque se nos ha reducido, desde que inició la administración hasta ahora, cerca del 40% de nuestro presupuesto y, obviamente, no tenemos para un padrón más grande que el del INE.

MANUEL FEREGRINO: No, correcto. Ahora, viene la controversia, establecen la controversia, ¿y cuál es el procedimiento?

ARTURO ROBLES ROVALO: Este procedimiento, primero, se tiene que aprobar por el Pleno del Instituto, el cual está conformado, en este momento, por cinco Comisionados. Hubo un voto por unanimidad para aprobar que se presentara. Se presenta en la Corte y la Corte decide si es procedente o no, y también qué tan urgente es parar esta medida.

Obviamente, en el momento que se empiece a preparar cualquier acción referente a este padrón, pues se están destinando recursos y presupuesto y el daño podría ser irreversible.

Por lo tanto, lo que se está pidiendo es que se suspenda en lo que se determina si es constitucional o no, es decir, si podemos desconectar a un usuario y también que se establezcan dos derechos, que son, obviamente, el derecho a estar conectado con el derecho a la seguridad y que sea la Corte la que diga cuál es una medida idónea, una medida balanceada para tener este padrón, si es que se requiere ligar una línea con un número y, también, no desconectar a las personas porque también son dos derechos fundamentales, los cuales no se pueden contravenir uno con el otro.

MANUEL FEREGRINO: Y da toda la impresión de que no va a suceder, de que la lógica de los derechos de los usuarios indicará que es absolutamente un exceso desconectarlo. Simplemente ese derecho, pues creo que vale la pena para la Corte y así lo plantearían, me da la impresión.

ARTURO ROBLES ROVALO: Exactamente. Y, además, este es el principal motivo por el cual el Instituto está interponiendo esta controversia, no es sólo el presupuesto. Lo más importante es que debemos de garantizar los derechos de los usuarios a estar conectados a los servicios de telecomunicaciones, al acceso a la información.

Así lo dice la Constitución, que lo tiene que garantizar el estado, y pues, no podemos, por una ley, desconectar a los usuarios por una medida excesiva o por una medida que vaya más allá de nuestras facultades.

MANUEL FEREGRINO: Sí, por más lógica que pudiera sonar, es excesiva.

ARTURO ROBLES ROVALO: Exactamente, y sobre todo ese es nuestro punto de vista, que es excesivo; pero quien determina la Constitución es la Corte y, por eso, justamente estamos pidiendo a la Corte que sea quien determine y nosotros, como siempre, acataremos lo que diga la Corte.

MANUEL FEREGRINO: Muy bien. Arturo, pues muchísimas gracias por esta explicación detallada, absolutamente claro de qué se trata y toda la audiencia, creo que algunas dudas que se generaban es por qué, qué significa.

Porque hay muchas personas que, efectivamente, como dices, la mayoría utilizan el servicio de prepago, y ojalá todo esto les haya dejado un panorama más claro. Arturo, muchísimas gracias, Comisionado.

ARTURO ROBLES ROVALO: Muchas gracias, Manuel, te agradezco mucho el espacio y que la gente esté convencida que seguiremos garantizando sus derechos al acceso a las telecomunicaciones.

MANUEL FEREGRINO: Todo lo contrario, los agradecidos somos nosotros. Buena tarde, Arturo. 

MARIO GONZÁLEZ, CONDUCTOR: El IFT va a interponer una controversia constitucional en contra del decreto por el que se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

Esto se suma a otros amparos que ya han surgido de empresas y también de usuarios. Vamos a conversar de esto con Arturo Robles, Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Arturo, gracias por estar con nosotros.

ARTURO ROBLES, COMISIONADO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES: Buenos días Mario, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia.

MARIO GONZÁLEZ: ¿Por qué una controversia constitucional, Arturo?

ARTURO ROBLES: La controversia constitucional básicamente es para que garanticemos los derechos de acceso de todos los mexicanos a los servicios de telecomunicaciones.

¿Qué quiero decir con esto? La controversia, como ustedes saben, o como puede saber tu audiencia, es para defender las atribuciones que tiene cada una de las instituciones que conformamos el Estado mexicano.

En este caso, el mandato que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones es, por un lado, el correcto desarrollo del sector de telecomunicaciones y radiodifusión, pero siempre cumpliendo con el artículo seis y siete de la Constitución que dicen que, el Estado debe garantizar los derechos de acceso a los servicios de telecomunicaciones.

En este caso, la iniciativa de Ley para el Padrón considera o mandata que si a los dos años algún usuario no ha completado el registro se tiene que dar de baja esa línea y eso obviamente va en contra de lo que nos mandata la Constitución.

MARIO GONZÁLEZ: O sea, ¿es retroactivo eso también?

ARTURO ROBLES: Esto más que retroactivo es a partir de ahora tenemos dos años, o tienen los usuarios dos años para completar este registro...

MARIO GONZÁLEZ: Sí, pero no importa que yo lo haya comprado hace cinco años.

ARTURO ROBLES: Ah, no, exactamente.

MARIO GONZÁLEZ: O sea, sí me aplica retroactivamente, ¿verdad?

ARTURO ROBLES: Sí aplica, es como cuando hay que renovar unas placas, una credencial, aunque ya la hayas tenido, a menos que sea permanente, cada equis tiempo la tienes que renovar y si no la renuevas pues, la cancelan.

En este caso el padrón consideraba, o la ley considera, que si a los dos años no has completado el registro se tiene que desconectar y eso obviamente afectaría el mandato de conectar a todos.

MARIO GONZÁLEZ: Estoy conversando con Arturo Robles, Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre la controversia constitucional en contra del Padrón de Telefonía Móvil conocido como PANAUT.

MARIO GONZÁLEZ: Oye, además de esto, hay un problema de recursos, ¿no? Es inoperable prácticamente. Ustedes han dicho eso cuesta muchísimo dinero, para lo cual, no hay recursos.

ARTURO ROBLES: Efectivamente, otro de los puntos que también se contienen en esta controversia constitucional, que ya fue aprobada por el Pleno en unanimidad para que se apruebe, es que la ley dice que debemos hacerlo con presupuesto que ya tenemos, inclusive para este año, y eso además de que, no nos dan presupuesto adicional va a ser el padrón más grande del Estado, es decir más grande que el del INE, son 120 millones de líneas.

En caso de que esto, como vaya avanzando, pues obviamente eso lleva recursos muy amplios, cientos de millones de pesos, los cuales, en este momento no tenemos y, además la Constitución dice que tenemos autonomía presupuestal, es decir, nosotros planeamos para lo que vamos a hacer un año.

Si de un momento a otro nos ponen una atribución nueva como ésta, además de tal tamaño, pues nos quedamos sin recursos para hacer todo lo demás que tenemos que seguir cumpliendo con todos los mexicanos de cuidar que las telecomunicaciones se presten bien, que no suban los precios indiscriminadamente, que tengan buenos servicios, eso lo tendríamos que descuidar, para ahora dedicar esos recursos al Padrón, que además no tenemos; 40% se nos ha reducido el presupuesto desde el inicio de la administración, estos son más de 500 millones de pesos.

MARIO GONZÁLEZ: ¿Y por qué cuesta tanto? ¿Pues no es como una página de Excel y así, meterle los datos, ¿no? Es algo mucho más complejo, supongo.

ARTURO ROBLES: Es mucho más complejo, Mario, sería la base de datos de 120 millones de personas, las cuales, tendrían que contener nombre, dirección, una validación biométrica que esto es para evitar que alguien llegue con una identificación de Mario González y no sea Mario González y al validarlo con biométrico, con una huella dactilar, por ejemplo, pues ya el INE o alguna entidad podría validar que eres tú.

Pero más allá de eso son 120 millones de registros, los cuales, mínimos sólo los equipos son 700 millones de pesos aproximadamente, todo esto más el software que tienes que tener para resguardar esta información. Esta información muy importante que esté resguardada, que esté bien protegida y por eso cuesta tanto hacer un registro de este tamaño. Sería el registro más grande de México, más grande aún que el INE.

MARIO GONZÁLEZ: Bueno, esto se suma a ya lo hecho por el INAI también, ¿verdad?, que controversia, una acción de inconstitucionalidad contra el padrón, ellos básicamente por los datos personales.

ARTURO ROBLES: Exactamente, hay una diferencia que a veces es poco clara entre una acción de inconstitucionalidad y una controversia. La acción de inconstitucionalidad, que no podemos interponer en el IFT, porque no tenemos esas facultades, y que interpuso el INAI, es para que no se viole algún derecho en la Constitución o que no le den a alguien más una atribución que le corresponde, en este caso, el INAI, eso es lo que el INAI está metiendo para la parte de datos personales.

En nuestro caso, la controversia es cuando se nos invaden facultades, es decir, algo que se nos está manifestando va en contra de nuestras facultades, en este caso en contra de conectar a todos.

MARIO GONZÁLEZ: Sí, depende el actor, el tipo de instrumento que puede usar legal para protegerse. Ahora. Es Arturo Robles, Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

La pregunta de las preguntas, yo creo, sobre este tema, más allá de los costos que, ya vemos, no hay, no se asigna un presupuesto, lo cual es un gravísimo error, ¿cómo puedes pensar algo que no tienes calculado? Más allá de las atribuciones y de los datos personales, todos estos elementos importantes, sin duda, ¿un padrón de este tipo serviría, en todo caso, para lo que fue diseñado, para lo que fue legislado o ni siquiera alcanza para eso?

ARTURO ROBLES: Te comento, Mario, técnicamente un padrón es relacionar un número, un número de teléfono con una persona que lo registra. Esto sí se hace alrededor del mundo, en la Unión Europea, en Estados Unidos, seguramente gran parte de tu audiencia o los que han podido comprar un chip en otro lado del mundo les han pedido un pasaporte, les ha pedido alguna identificación.

Esto sí se hace, la diferencia en el de México es que el padrón, como viene la ley, considera que hay validaciones biométricas para saber que el que te la está presentando está; con eso lo que se puede obtener es un número, ahora, esta parte sí se puede lograr.

La otra parte, que es la que les corresponde a las autoridades de seguridad es comprobar que efectivamente al estar vinculado un hombre pues eso va a evitar que haya más delitos y eso es lo que está por comprobarse por las autoridades de seguridad.

MARIO GONZÁLEZ: Es la pregunta que le hice a los legisladores responsables de esta legislación que e incluso, perdón, también al Subsecretario de Seguridad que impulsaba esta ley ¿Qué pasa si yo, Mario González? Ya que usamos ese nombre de ejemplo, que me es están cercano, voy y compró 50 chips, 50 líneas telefónicas, no estoy incurriendo en ninguna ilegalidad porque las pongo a mi nombre, dormir identificación y son 50 líneas telefónicas para Mario González, ahí queda registrado en el padrón con los números y todo, bueno, me voy a mi pueblo en Tequix, Yucatán, llego y vendo a su vez porque tengo ese negocio de estar vendiendo, tampoco está comiendo ilegalidad ¿Qué pasa entonces? Me dicen, “no, pues tendrías que dar de baja y dar de alta a los nuevos usuarios”, lo cual, no va a pasar, estás de acuerdo, Arturo, eso es muy difícil que vaya a suceder, como si compráramos un vehículo, pues no, ni siquiera con los vehículos llega a pasar, imagínate con una línea telefónica de equipo, pues es imposible.

ARTURO ROBLES: Los responsables en este caso, y así es como está estipulado, inclusive ahora en vender y distribuir los propios chips, son los agentes autorizados por cada una de las empresas, es decir, las empresas telefónicas tienen tus propios distribuidores. En este caso, como mencionas, la reventa de estos chips no estaría, cobijada en lo que ya mandata la ley que tienen que ser distribuidores autorizados quienes distribuyan los chips.

Pero más allá de ello, Mario, imagínate que, por estos chips, por no estar completos, por no estar registrados se va a desconectar, entonces estas 50 personas se desconectarían, no estarían conectadas en algún momento y entonces este pueblo su puesto quedaría incomunicado.

Ese es uno de los temas también por los cuales la controversia se tiene que valorar y corresponderá a la Suprema Corte decidirlo. Es decir, ¿el tamaño de la medida es proporcional a lo que se quiere lograr, desconectar usuarios es la manera de evitar estos delitos, así se va a conseguir los resultados que están? Y sobre esa valoración es lo que se tiene que hacer.

Probablemente hay otros mecanismos para evitar los delitos sin tener que desconectar usuarios, que sería, pues prácticamente ponerse a decidir entre un derecho fundamental y otro.

MARIO GONZÁLEZ: Pues siempre habrá la manera de darle la vuelta a la ley y ese tipo de cosas, somos especialistas en eso los mexicanos. Está prohibido tener líneas telefónicas en los centros de reclusión y es donde surge la mayoría de las llamadas para extorsión y ese tipo de cosas, es decir, si aplicáramos la ley pues no tendríamos este problema desde los centros de reclusión, así de simple, pa’ qué hacer un padrón que va a afectar al usuario cuando hay elementos que pueden ser echados a andar y no son echados a andar. Vaya, es toda una polémica, pero es interesante conocer la parte técnica. Arturo, te agradezco mucho.

ARTURO ROBLES: Gracias a ti Mario. Gracias por la oportunidad y gracias por el espacio para comunicarle a los usuarios que estaremos atentos a defender sus derechos y a que no se desconecten.

MARIO GONZÁLEZ: Muy bien. Arturo Robles es Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

ÓSCAR MARIO BETETA, CONDUCTOR: Bueno, me da mucho gusto hablar y saludar al doctor Arturo Robles, quien es Comisionado del Instituto Federal de telecomunicaciones. Señor comisionado, gracias, buen día.

ARTURO ROBLES, COMISIONADO IFT: Buenos días, Óscar Mario, un placer saludarte a ti y a tu auditorio.

ÓSCAR MARIO BETETA: Igualmente. Bueno, el IFT ha decidido interponer una controversia constitucional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. ¿Sobre qué razonamientos? Grosso modo, porque tenemos pocos minutitos, Comisionado, y muchas gracias por su tiempo, ¿pero sobre qué razonamientos asume esta determinación?

ARTURO ROBLES: Gracias, Óscar Mario. Básicamente la controversia es para defender y garantizar el derecho de acceso que tienen todos los mexicanos y que tiene que ser garantizado por el Estado.

¿Qué significa esto? Significa que la ley relativa a este padrón, conocido comúnmente como el PANAUT, establece que, si al término de dos años no se ha completado el registro de una línea, ésta se tiene que desconectar, y esto podría tener un impacto claro en lo que nos mandata la constitución de llevar las telecomunicaciones de forma eficiente y asegurar que todos tengan acceso a los servicios.

Por otro lado, también tenemos la parte presupuestal, sería un padrón, el más grande de México, 120 millones de líneas, más grande que el del INE, y la misma ley dice que lo tenemos que hacer con el presupuesto actual, esto también viola lo que mandata la Constitución en cuanto a autonomía presupuestal, es decir, nosotros tenemos que planificar nuestro presupuesto, solicitarlo, nos lo aprueban y está en función de las labores y tareas que nos mandata la Constitución que debemos de realizar cada año. Si de un momento a otro nos dan una nueva atribución, una tan grande como un padrón de 120 millones de líneas, pues esto afecta obviamente el presupuesto y ya no podríamos atender todo lo que tenemos. Por eso básicamente se está interponiendo esta controversia constitucional.

ÓSCAR MARIO BETETA: Oiga, ¿y cuál sería la clave, señor comisionado, para lograr digamos, seguridad para los usuarios? En cuanto privacidad, y, pues evitar que mal utilicen su teléfono, si es robado, como tantas veces sucede, y por otro, por otro lado, que las autoridades federales tengan un padrón que no vaya más allá de la violación de estos derechos, ¿hay algún equilibrio que se pueda dar, que se puede lograr para pues beneficiar al usuario y dar seguridad también a los dueños de los teléfonos móviles, pero también que las autoridades tengan un banco de datos, pues mucho mejor y mayor, y que no pueda ser mal utilizado?

ARTURO ROBLES: Justo es una excelente pregunta y es el meollo del asunto, Mario, ¿cuál es el mejor recurso que se tiene? Y alrededor del mundo ha habido este tipo de registros, técnicamente un registro es relacionar un número de teléfono con una persona, eso es lo que ocurre alrededor del mundo y eso está en todos los países donde los que han tenido oportunidad ir a otro lado les piden un pasaporte para comprar un chip, les piden la tarjeta de identificación.

En el caso de México, también se prevé que haya una validación biométrica, es decir, saber que, si Arturo Robles se presenta con una identificación y pone, por ejemplo, un dato biométrico, que es la huella, que efectivamente, esa huella es de esta persona para que no haya robos de identidad.

Pero más allá de eso, lo que prevé la ley es que haya unos lineamientos en los cuales, que tiene que desarrollar el IFT, en los cuales se prevea cómo se van a resguardar, cómo se van a solicitar estos datos, todos los datos, y cómo debe ser esta línea de resguardo para que siempre estén seguros.

En esto, el Instituto será muy consciente de todas las preocupaciones legítimas que tiene las asociaciones civiles, los usuarios, para que no haya forma de que estos datos puedan filtrarse ni utilizarse de otra forma, salvo para hacer esto que te mencionaba: la relación de un número de teléfono con una persona, tal cual como lo tiene ahora todos los usuarios que tienen pospago, esto no lo tienen los de prepago, pero sí todos los de pospago sabes a nombre de quien está registrado.

En este caso específico, lo que se busca es que esto tenga un resguardo y para eso obviamente se requiere presupuesto, y mientras, no haya una decisión de la Corte para que esto no avance, nosotros seguiremos trabajando y lo podremos a consulta pública estos lineamientos para que la ciudadanía esté segura de lo que se va a pedir, cómo se va a pedir, y cómo debería o dónde se debería de fijar cada una de las personas en hacerlo, para estos lineamientos que sean garantistas y que no violen estos derechos.

ÓSCAR MARIO BETETA: Tenemos dos minutitos, ya estamos al final, y me gustaría retomar el tema con usted la próxima semana, si lo acepta, señor Comisionado, pero a ver, a manera de resumen, hablamos con el señor Subsecretario de Seguridad Nacional, que es al parecer el autor de esta iniciativa, a manera de resumen, repito, dentro de este padrón de datos biométricos, sería huellas dactilares y, sí, pero rostro e iris no, porque entonces podría conducir a una especie de Big Brother por parte del Estado.

ARTURO ROBLES: Esto todavía está determinado como lo dice la propia ley, el Instituto es quien va a decidir cuáles…

ÓSCAR MARIO BETETA: Pero sería, perdón, para evitar lo de Big Brother sería ni rostro ni iris, si quieres huellas dactilares va porque esto sí, pues se sabe quién compra el chip o la tarjeta, lo que sea, pero no te vayas al extremo del rostro y de iris.

ARTURO ROBLES: Esto vendría en los lineamientos, todavía no están…

ÓSCAR MARIO BETETA: No, ¿pero usted estaría de acuerdo con eso? Usted.

ARTURO ROBLES: Ah, bueno, una opinión personal, y obviamente no estamos buscando esa parte, creo que podría ser suficiente con una validación dactilar, creo que podría ser suficiente, e insisto, esta es una decisión que se tiene que tomar en el Pleno, en el Instituto, y ahí, pero creemos que existe la tecnología, como ya se hace, para que una huella dactilar podría ser válida.

ÓSCAR MARIO BETETA: Pero digamos, perdón que insista, aceptable hasta huellas dactilares, ¿ni rostro ni iris, señor Comisionado?

ARTURO ROBLES: Sí, lo que está presentando, la tecnología permite hacerlo, bastaría con una huella dactilar.

ÓSCAR MARIO BETETA: Bien, señor Comisionado, pues si tiene tiempo cuando nos diga, será muy interesante retomar este tema. Yo agradezco mucho al doctor Arturo Robles Robalo, Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, su disposición para con este espacio, gracias, Comisionado.