El Instituto Federal de Telecomunicaciones refrenda su compromiso para que más mexicanos tengan acceso a servicios de telecomunicaciones (Comunicado 41/2022) 27 de abril
Ciudad de México, a 27 de abril de 2022.
El Instituto FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES refrenda su compromiso para que más mexicanos tengan acceso a servicios de telecomunicaciones
- El IFT seguirá cumpliendo cabalmente con su mandato constitucional como regulador y garante de derechos humanos en su ámbito competencial
- Del mismo modo, refrenda su autonomía constitucional al hacer uso de los mecanismos legales a su alcance, con pleno respeto a las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) una de sus más importantes obligaciones constitucionales es garantizar y propiciar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y a los servicios de telecomunicaciones a las y los mexicanos.
Es por ello que, al considerar que iba en contra de su mandato constitucional, este órgano autónomo decidió impugnar, a través de controversia constitucional, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2021, por el cual se creó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).
El día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió sobreseer la Controversia Constitucional promovida por el IFT debido a que cesaron los efectos del PANAUT como consecuencia de lo resuelto en la Acción de Inconstitucionalidad 82/2021 y su acumulada 86/2021, promovidas por un grupo de Senadores de la República y por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del referido Decreto, sentencia en la que la SCJN resolvió declarar la invalidez -en su totalidad- del Sistema Normativo por el que se creó el Padrón.
El IFT reitera su firme compromiso de cumplir cabalmente con su mandato constitucional como regulador y garante de derechos humanos en su ámbito competencial, así como mantener los mecanismos de cooperación con las autoridades de seguridad para combatir el delito, en el ámbito de sus atribuciones.
Del mismo modo, refrenda su autonomía constitucional al hacer uso de los mecanismos legales a su alcance, con pleno respeto a las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
