Instituto Federal de Telecomunicaciones

Leonardo Curzio (LC), Conductor: Ayer comentábamos este asunto de la sucesión en la presidencia del INAI y veíamos las distintas combinaciones, y si es apropiado o no que en un mismo cuerpo colegiado tengan que elegir a su sucesor cuando esto te puede generar una serie de combinatorias poco extrañas. 

Como el asunto es complejo, llamamos a un experto en estos temas, el Doctor Pedro Salazar, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, para que nos ayude a tratar de entender este asunto y cuáles serían las mejores soluciones. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. 

Pedro Salazar (PS), Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas: Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Leonardo. 

LC: Oye, pues preguntarte: ¿te parece apropiada esta forma de elegir presidente en el INAI? ¿En dónde metes en un cuerpo colegiado a los pares a disputarse la presidencia? 

PS: La verdad no. Es decir, creo que es un mal diseño normativo, que de hecho ya ha causado problemas en el propio INAI, entonces llamado IFAI, el Instituto Federal, en el pasado. Es una fórmula que, como bien dices, mete en una dinámica muy compleja a los integrantes de cuerpos colegiados; genera muchas tensiones entre ellos, han tenido en algunos momentos incluso, consecuencias de rupturas, digamos, en plenos de distintas instituciones con esas características. Y por lo mismo yo creo que la fórmula idónea, que lamentablemente no fue la que se aprobó en la última reforma en materia de transparencia, es que el mismo órgano que integra el colegiado, en este caso el Senado de la República, defina desde el momento de la integración quién deberá presidirlo; cosa que sucede en algunos órganos. Pongo el ejemplo del Instituto Nacional Electoral, en donde la definición del presidente o presidenta la realiza la Cámara de Diputados cuando integra al pleno y creo que eso es sano; ésa es la verdad. 

Hemos visto no solamente en el ámbito de órganos constitucionales autónomos, recordemos, por ejemplo, un caso que es histórico, que fue aquella decisión o aquel nombramiento del actual Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual los ministros y ministras se enfrascaron en una serie de rondas de votación que llevaron muchas horas y que precisamente de lo que te hablaban era de la dificultad para lograr un consenso o al menos una mayoría entre ellos. 

LC: Oye, y el INAI amenaza con convertirse en esto. No sé qué van a hacer de aquí al viernes, pero hay tres candidatos y es un número limitado de consejeros. 

PS: Por lo pronto, porque todavía hoy puede haber registros, ¿no? 

LC: Sí. Podría efectivamente, ocurrir, lo cual te lleva a una especie de juego rarísimo, pero, a ver, cómo resolver este tema cuando tienes, como en el caso del INAI, relevos escalonados. Bueno, hemos visto que también en el Sistema Nacional Anticorrupción tienes gente que va para un periodo, gente que va para el otro. 

PS: Mira, en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, la ley te resuelve el entuerto porque la ley lo que te dice es que precisamente quien va, digamos, siendo del decano, déjame decirlo así, es quien va presidiendo al Comité de Participación Ciudadana. En esta primera integración, el comité de selección directamente definió quién sería la presidenta, al determinar que la Comisionada Jacqueline Peschard sería quien quedaría solamente un año en el encargo. 

En el caso del INAI, pues mira, la pregunta es, creo que la debemos hacer a partir de las reglas del juego que ya están sobre la mesa; es decir, no vamos a poder cambiar las reglas. En este momento no va a haber una reforma a la Ley de Transparencia que cambie el procedimiento; lo que sabemos es que dos comisionadas no pueden aspirar al cargo, la que deja ahora la presidencia y la Comisionada Areli Cano porque concluye su mandato el próximo año. 

Los otros cinco tienen posibilidades porque cumplen los requisitos y todavía el marco temporal de su encargo les permite aspirar a una presidencia. Entonces potencialmente podrían ser cinco aspirantes; ahora sabemos que ya hay tres. Eso pues ya te habla de que no se logró un acuerdo previo, una especie de consenso, de acuerdo, sino que van a ir a la votación y van a ir a la votación con legítimas aspiraciones varios de ellos. 

Lo otro que te establece la ley pues es una regla muy clara, será presidenta o presidente quien logre cinco votos, entonces no es una mayoría tampoco sencilla de lograr, al menos no creo en la primera ronda de votación. Ellos mismos, al parecer, se dieron reglas en las que señalan que se votará en tres rondas con todos los candidatos inscritos, buscando que en alguna de las rondas, no sé cómo, pero se logren los cinco votos y si no fuera el caso, se van a ir ya bajo una lógica de desempate; que fue un poco lo que sucedió en la Corte con fórmulas distintas, pero sí, digamos, fue lo que se fue decantando también en aquella elección de la Corte, quedaron dos candidatos, eso podría pasar aquí, en la cuarta ronda en el INAI y ahí empezarán a votar. 

Lo que es interesante es que, a diferencia de lo que sucedió en la Corte, los aspirantes a la presidencia en la sesión pública deben de exponer los motivos por los que aspiran a la presidencia y esa sesión no solamente será entre ellos, la podremos ver también nosotros y ahí hay cuando menos, digamos, una argumentación pública de las razones por las que pretenden presidir. 

Lo que sí será igual que en la Corte, porque así lo establece la ley, es que, aunque la sesión es pública, el voto es secreto. Entonces estarán votando en urnas y no sabremos por quién vota cada uno de ellos ni por qué razón irán cambiando de preferencias, en caso de que eso suceda, que tarde o temprano tendrá que suceder porque se tienen que lograr los cinco votos en algún momento. 

LC: Hay quien dice que eso no es del todo transparente. Yo creo que una votación sí puede, digamos, para favorecer acuerdos o favorecer mayorías, sí debe ser secreta. ¿Tú crees que va en contra del espíritu del instituto el que se haga de esa manera, doctor? 

PS: A ver, creo que deben de ser públicas, los planes de trabajo que presentan quienes se registren, creo que eso lo debemos de conocer todos para valorarlo, creo que deben de ser públicos los argumentos de los que aspiran y no veo, yo en lo personal, un problema de que el voto sea secreto porque, como bien dices, esto pues da un cierto margen, digamos, de autonomía en la decisión, que creo que pues es sana en este tipo de nombramientos, ¿no? Si tuvieran ellos que argumentar públicamente cada uno de sus votos, probablemente se generaría más tensión de la que ya genera de por sí esta situación. 

Eso de la argumentación pública, en donde lo hacen, y recuerdo alguna votación muy dura para la entonces presidenta, que ya no pudo volver a presidir, fue en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí también eligen a su presidente o presidenta en sesión pública, pero ahí sí argumentan las razones y emiten el voto y en aquella ocasión, que es la que tengo en mente, eso generó una fractura que nunca se volvió a recomponer entre la entonces presidenta, que aspiraba a ser reelecta, y sus compañeros que decidieron que ya no lo fuera. 

LC: Es decir, algo se quiebra ahí. Oye, a estas alturas, quizá hipersimplifique, pero nos hará falta un doctorado en integración de cuerpos autónomos porque hay tantos mecanismos diferentes que habrá que buscar una especialización. ¿Tú crees que es bueno que se mantenga así, que cada cuerpo se integre de una manera diferente o habría que pensar en un principio de homologación? 

PS: A ver, primera cosa, tienes toda la razón. Debemos de empezar a estudiar con más seriedad el sistema de órganos constitucionales autónomos que hemos creado; es muy complejo, no son iguales. Todos coinciden en la autonomía constitucional, pero algunos realizan funciones de garantía, otros semijurisdiccionales, otros regulatorias, otros... O sea, en fin, hay que hacer, digamos, una taxonomía de las autonomías que tenemos para entender cómo está pensado ese... Porque no estuvo planeado más bien, cómo está diseñado ese entramado normativo. 

Segunda cuestión, hoy tenemos, lo dices muy bien, una disparidad muy grande en los mecanismos de nombramiento. Creo que hay que preguntarnos si eso responde a coyunturas y ocurrencias del momento o a la naturaleza de los órganos constitucionales autónomos. Hay unos más políticos que otros, pongo el ejemplo del Instituto Nacional Electoral que realiza una función netamente política, de autoridad administrativa en la materia electoral, ¿no? Ahí es la Cámara de Diputados, previo un procedimiento en el que participan ciudadanos, etcétera, pero al final es una votación de esa naturaleza, muy política. 

En otros casos, por ejemplo, pensemos en el caso del Ifetel, de Telecomunicaciones o del Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, o de la Cofece; se han creado mecanismos en los que son los propios órganos constitucionales autónomos los que desahogan la etapa, digamos, la primera etapa de depuración de aspirantes a integrar sus órganos directivos. 

Entonces hemos hecho ya, la verdad, un berenjenal de normas, que yo sí creo que valdría la pena hacer una pausa, un alto en el camino, reflexionar sobre cuál es el mejor mecanismo, garantizar algo que ha ido ganando fuerza, que es la transparencia y el escrutinio de la sociedad civil y de la academia en todos estos procesos de nombramiento. 

Yo creo que eso es clave, es crucial porque en buena medida de eso depende la legitimidad de estas autoridades. Y luego, la otra pregunta, una vez que ya están integrados, es lo que nos trae hoy a esta conversación, que es cuál es la mejor manera de designar a la persona que presidirá dichos órganos. Yo sigo pensando que es mejor que no sea una elección entre pares, sino que sea una designación determinada desde fuera. 

LC: Oye, finalmente quisiera preguntarte, Director, si me lo permites. Sobre dos expedientes que siguen pendientes en la, digamos, agenda pública. Uno es el nombramiento del fiscal y el otro es el nombramiento de estos magistrados que integrarán el Tribunal Especializado que permitirá completar el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cómo ves estos dos temas? 

PS: A ver, el del fiscal pues sí es un tema que se ha venido complicando y la mala noticia en ese caso en concreto es que tenemos el tiempo en contra; es decir, ese fiscal, la persona que sea designada como fiscal pues nada más, digamos, estará en funciones durante algunos... Ya, ahora sí, pocos meses, digamos, ¿no? 

Y en ese sentido, el Sistema Nacional Anticorrupción, pues aunque se nombrara el fiscal y entonces se completara, digamos, al Comité Coordinador, pues vamos a tener el problema de que en relativamente poco tiempo va a haber una... La necesidad de un nuevo nombramiento. Entonces ahí sí creo que los tiempos juegan, digamos, en contra de esta pues estrategia de negociación política que ha ido dilatando el nombramiento y creo que sería deseable que se pusieran de acuerdo pronto y bien y designaran a una persona, porque además, hay que decirlo, y no menciono nombres, dentro de la baraja de aspirantes hay candidaturas solventes que creo que podrían llevar a cabo una misión adecuada, que además lo que le tocaría, precisamente por el arco temporal en el que estaría en funciones, es echar a andar una fiscalía, es decir, es el primer momento de creación institucional. 

Por el otro lado, hay que advertirlo. 

LC: Lo del Tribunal administrativo. 

PS: Sí, hay que advertir que son muy importantes esos nombramientos. Es donde la dimensión administrativa, no en la penal, pero en la administrativa en donde desemboca en última instancia el trabajo del resto de las instancias del Sistema Nacional Anticorrupción y en ese sentido los juzgadores pues tendrán una función estratégica de enorme responsabilidad en el sistema. 

Ahí pues sabemos que se ha generado polémica por la manera en la que se ha ido, pues ahora sí que perfilando la lista de aspirantes, ¿no? Yo creo de nuevo que lo que nos está haciendo falta en este caso es un procedimiento abierto que permita un escrutinio público, digamos, riguroso, que permita escuchar las razones de por qué son esas personas las que se propone, los argumentos de esas mismas personas de por qué quieren ocupar el cargo. 

En fin, inyectarle legitimidad al proceso, sin descalificar a las personas porque pues, bueno, es genuino que ciudadanas y ciudadanos y en este caso juristas especializados aspiren a un cargo de esta naturaleza. Lo que tenemos que saber los ciudadanos es por qué y quiénes son los mejores, ¿no? 

LC: Claro, Doctor. Te agradezco mucho que hayas estado esta mañana con nosotros. 

PS: Al contrario, muy buenos días, Leonardo, muchas gracias. 

LC: El Doctor Salazar es el Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.